5.000 personas murieron en Cataluña mientras hacían los trámites de la ley de la dependencia

La ley de dependencia, concebida para garantizar cuidados y recursos a las personas más vulnerables, atraviesa en Cataluña una crisis que ya tiene consecuencias dramáticas: más de 5.000 personas murieron el año pasado sin haber completado siquiera la tramitación de su solicitud. El dato refleja el colapso de un sistema tensionado por el aumento de la demanda, la falta de recursos y unos procedimientos que, según denuncian profesionales y entidades sociales, llegan demasiado tarde.

El recorrido administrativo para acceder a estas ayudas sigue siendo largo y complejo. Desde la solicitud inicial hasta la asignación efectiva de recursos, el proceso puede prolongarse durante meses. Ramon Nicolau, vicepresidente de la Taula del Tercer Sector Social de Cataluña, describe una cadena de trámites que empieza en los servicios sociales, con la petición de cita y la recopilación de documentación que acredite la pérdida de autonomía, y continúa con la espera a que un equipo técnico acuda al domicilio para evaluar la situación.

A partir de ahí, explica, hay que aguardar la resolución y, posteriormente, la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), lo que en la práctica significa que «todo ese proceso puede alargarse meses», un plazo que en muchos casos resulta incompatible con el estado de salud de los solicitantes.

La presión sobre el sistema no deja de crecer. Desde el ámbito del trabajo social, se advierte de un cambio demográfico que está tensionando todos los niveles de atención. Alicia Fernández, miembro de la junta del Colegio de Trabajo Social de Cataluña, sitúa el problema en un contexto de envejecimiento acelerado y aumento de la dependencia: la demanda, señala, «cada vez es mayor», impulsada por una población más envejecida y por situaciones de discapacidad o pérdida de autonomía sobrevenida.

Aunque los profesionales no manejan directamente los datos de fallecimientos durante la tramitación, sí perciben el incremento constante de expedientes y las dificultades para dar respuesta con los recursos actuales.

A esa saturación se suma un elemento menos visible pero igualmente determinante: la espera no termina con el reconocimiento del derecho. Una vez concedido el grado de dependencia, todavía hay que definir qué tipo de atención recibirá cada persona. Fernández explica que entre la resolución positiva y la aplicación efectiva del recurso «también pasan meses», ya que es necesario realizar un diagnóstico individualizado que tenga en cuenta tanto la situación personal como el entorno familiar y territorial. Este análisis, clave para ajustar las ayudas, introduce nuevos retrasos en un sistema que ya funciona al límite.

La «angustia» de las familias

Mientras tanto, el impacto recae directamente sobre las familias. En ausencia de apoyos inmediatos, son ellas quienes asumen el cuidado diario, a menudo en condiciones muy exigentes. Según describe la trabajadora social, lo habitual es que sea la propia pareja, también de edad avanzada, quien se convierta en cuidadora principal.

Esta situación genera una carga emocional y física considerable, agravada por la incertidumbre de no saber cuándo llegará la ayuda. La espera, advierte, «genera angustia» y obliga a los servicios sociales a intervenir incluso antes de que se reconozca oficialmente la dependencia, utilizando recursos municipales que no siempre son suficientes.

Uno de los efectos más claros de estos retrasos es la dificultad para cumplir uno de los objetivos fundamentales de la ley: permitir que las personas mayores permanezcan en su entorno habitual. Nicolau recuerda que la mayoría prefiere envejecer en su casa, donde mantiene sus rutinas, vínculos y sensación de control. Sin embargo, cuando las ayudas no llegan a tiempo, esa opción se complica. La falta de apoyo domiciliario empuja a muchas familias hacia alternativas como las residencias, donde también existen listas de espera que, en algunos casos, pueden alcanzar los dos años.

El resultado es un sistema que acumula demoras en todas sus fases y que, según coinciden profesionales y entidades, necesita reformas urgentes. La principal reivindicación pasa por reforzar los servicios sociales con más personal, tanto para agilizar las valoraciones como para acompañar a las personas una vez reconocida la dependencia. A ello se suma la necesidad de simplificar los procedimientos y ampliar la red de recursos, especialmente aquellos que permiten la atención en el domicilio o en el entorno comunitario.

Las más de 5.000 personas fallecidas en lista de espera no son solo una cifra: evidencian un desfase entre el diseño de la ley y su aplicación real. En un contexto de envejecimiento creciente, el reto ya no es únicamente reconocer derechos, sino garantizar que esos derechos lleguen a tiempo.