La Generalitat de Cataluña gestiona 131 pisos okupados

La Generalitat de Cataluña tiene 131 pisos okupados, según datos facilitados por la Agencia de la Vivienda de Cataluña. La administración autonómica tiene firmado desde hace más de diez años un acuerdo con la Sareb que implica la cesión a la Generalitat de la gestión de 895 inmuebles, de los que 131 están okupados y 75 no tienen inquilino. Dicho de otra manera, casi una cuarta parte del stock no se esté gestionando para su fin que no es otro que facilitar el acceso a la vivienda.

Ni desde el Gobierno central ni desde la dirección de la Sareb se conoce requerimiento alguno al gobierno catalán para que mejore la gestión de los recursos públicos. Es más, a finales del año pasado se firmó un nuevo acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y la Generalitat por el cual se ampliaba el parque de viviendas de la Sareb que gestionará la Generalitat hasta 13.000.

La información sobre la gestión deficiente de los recursos de la Sareb ha salido a la luz pública coincidiendo con un nuevo parón del mercado inmobiliario derivado de la incertidumbre creada por el anuncio de decreto de prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año o el próximo.

La posibilidad de que este decreto vea la luz, tal como pide la pata más radical del Gobierno, ha hecho que muchos proyectos de sacar al mercado viviendas de alquiler o la firma de contratos hayan quedado congelados, a la espera de qué sucede.

Junts, volátil

El decreto necesitaría el visto bueno de Junts para entrar en vigor, y los de Carles Puigdemont ya han manifestado su oposición, pero de todos es conocida la política errática de Junts, consistente en anunciar posiciones sobre materias diversas y luego rectificar en el último instante.

Según el Ministerio de Consumo, que es quién lidera el intento de aprobación del decreto que prorrogaría los contratos –obviando la posición de la propiedad–, en Cataluña entre marzo de este año y diciembre del próximo vencerán 177.833 contratos, y en el conjunto de España, 1.037.833.

El ministerio aporta datos del panel de hogares, un indicador de la Agencia Tributaria y el INE para indicar que los 177.833 contratos que vencen en Cataluña afectan a la vivienda de 475.000 personas. Según este panel, la comunidad con más concretos cerca de su vencimiento es la de Madrid, con 224.961 y una afectación superior a 600.000 personas.

Como suelen suceder con los anuncio gubernamentales en materia de vivienda, se lleven a la práctica, o como en la mayoría de los casos no, el resultado de la presentación del intento de decreto ha sido el contrario al que se pretende. Lejos de permitir aliviar la situación de miles de arrendatarios, el decreto no solo parece estar lejos de ser convalidado, sino que ha frustrado las expectativas de miles de personas que tenían a su alcance alquilar o comprar, la frenarse las operaciones a la espera de que se clarifique la situación.