Un tren de Rodalies vandalizado
Cataluña endurece las multas para los grafiteros: hasta 900.000 euros por pintar un tren
La limpieza de trenes le cuesta a Renfe 32.000 euros diarios
Pintar un tren en Cataluña puede salir caro, muy caro. Hasta 900.000 euros. Es la cifra máxima que el Govern quiere imponer a quienes vandalicen el sistema ferroviario, en un intento de frenar una práctica que se ha convertido en habitual en la red de Rodalies y que genera millones de euros en pérdidas cada año.
La nueva propuesta legislativa supone un endurecimiento sin precedentes del régimen sancionador y busca poner coto a un problema que no solo afecta a la imagen del transporte público, sino también a su funcionamiento diario. Las pintadas, los accesos ilegales a instalaciones y los daños en convoyes han dejado de ser episodios aislados para convertirse en un fenómeno estructural que obliga a retirar trenes de circulación y destinar recursos constantes a su limpieza.
La iniciativa, impulsada por el grupo parlamentario socialista, plantea una reforma del régimen sancionador de la ley ferroviaria vigente desde 2006. El cambio busca tipificar con mayor dureza determinadas conductas que hasta ahora tenían una consideración más leve, especialmente aquellas que afectan al material rodante o alteran el servicio.
Un problema con elevado coste económico y operativo
Los datos que maneja la administración reflejan la magnitud del fenómeno. Solo en 2023, la limpieza de trenes supuso un gasto de 11,6 millones de euros, lo que equivale a unos 32.000 euros diarios. A ello se suma el impacto operativo: miles de horas de trabajo destinadas a eliminar pintadas y más de 2.300 accesos ilegales a instalaciones ferroviarias en un solo año.
Las dimensiones del vandalismo no son menores. Las actuaciones de limpieza abarcaron cerca de 70.000 metros cuadrados de superficie afectada, una cifra que evidencia la extensión del problema y su persistencia en el tiempo.
La reforma introduce una clasificación más estricta de las infracciones. Pasarán a considerarse graves aquellas conductas que deterioren o alteren infraestructuras ferroviarias o trenes, incluidas las pintadas que obliguen a interrumpir el servicio para su reparación o limpieza.
En términos económicos, estas infracciones graves conllevarán sanciones de entre 18.000 y 90.000 euros. Sin embargo, el endurecimiento más notable se sitúa en las consideradas muy graves, donde las multas oscilarán entre 90.000 y 900.000 euros, especialmente cuando los actos vandálicos afecten al funcionamiento normal del servicio.
Las infracciones leves, por su parte, podrán suponer desde una advertencia hasta multas de menor cuantía, aunque el enfoque general de la reforma apunta a reforzar el carácter disuasorio del sistema.
El mensaje: «no habrá impunidad»
Desde el Govern se insiste en que la modificación normativa pretende lanzar un mensaje inequívoco. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha subrayado que estas conductas no solo generan costes económicos, sino que también provocan incidencias en un servicio esencial para la ciudadanía.
La intención del Ejecutivo es acelerar la tramitación parlamentaria mediante lectura única, con el objetivo de que la nueva normativa pueda entrar en vigor antes del verano. Con ello, se busca que el endurecimiento de las sanciones tenga un efecto inmediato.
El refuerzo del régimen sancionador llega en paralelo a otras medidas adoptadas en los últimos años, como el incremento de la seguridad en instalaciones ferroviarias o la incorporación de nuevos sistemas de vigilancia. Aun así, el Govern considera que la vía económica puede ser clave para disuadir a los autores de estos actos.
El reto ahora será comprobar si el endurecimiento de las multas logra reducir un fenómeno que, además de deteriorar la imagen del transporte público, condiciona su operatividad y encarece su mantenimiento.
