El Parlament ofrece pagar para evitar izar la bandera de España mientras recurre la orden judicial

El Parlamento de Cataluña ha planteado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) una fórmula inédita para evitar, por ahora, la colocación permanente de la bandera de España en su fachada: pagar una fianza económica mientras se resuelve el recurso presentado contra la orden judicial.

La medida responde a la decisión del TSJC del pasado 20 de marzo, que obligaba a la Cámara catalana a exhibir de forma permanente tanto la bandera española como la catalana, y en condiciones de igualdad, tras estimar la reclamación presentada por la entidad Impulso Ciudadano.

Sin embargo, la institución presidida por Josep Rull no solo ha recurrido la resolución, sino que ha ofrecido una «caución sustitutoria». Es decir, ha puesto encima de la mesa una garantía económica como alternativa temporal al cumplimiento de la medida cautelar. En la práctica, el Parlament busca evitar la ejecución inmediata de la orden hasta que haya una resolución definitiva.

Desde la entidad impulsora de la denuncia, la reacción ha sido especialmente contundente. El que fuera presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, considera que la propuesta no solo es jurídicamente improcedente, sino que supone un precedente preocupante.

A su juicio, la legislación es clara y de fácil cumplimiento: tanto la Constitución como la ley de banderas obligan a que la enseña española y la catalana ondeen de forma permanente en los edificios oficiales, sin que ninguna tenga un tamaño superior a la otra.

Domingo subraya además que el tribunal ya se pronunció en este sentido mediante una medida cautelar, estableciendo precisamente ese criterio de proporcionalidad y permanencia. Por ello, interpreta que la oferta de una compensación económica desvirtúa el sentido de la resolución judicial. En términos más directos, sostiene que lo que plantea el Parlament equivale a «pagar para no cumplir la ley», una opción que, desde su punto de vista, no tiene encaje en el ordenamiento jurídico.

El jurista también advierte de que aceptar este tipo de soluciones abriría la puerta a que las instituciones pudieran eludir obligaciones legales mediante aportaciones económicas, algo que considera incompatible con el principio de legalidad. Además, cuestiona el uso de fondos públicos para este fin, recordando que el presupuesto del Parlament procede de los ciudadanos.

Censura de PP y Vox

La polémica ha saltado rápidamente al terreno político. Desde el Partido Popular en la Cámara catalana, su portavoz Juan Fernández ha calificado la situación de «impresentable» y «una auténtica vergüenza». Y ha acusado al Parlament de negarse a cumplir la ley y de destinar recursos públicos a una «batalla judicial inútil». Fernández ha señalado también al Partido Socialista y a Salvador Illa por haber permitido, según afirma, el control de la institución por parte del independentismo.

Por su parte, el portavoz de Vox, Joan Garriga, ha enmarcado la situación como «un síntoma más del delirio separatista» y ha criticado que se utilice dinero público para evitar cumplir una resolución judicial. Garriga ha exigido que la bandera de España se ice de forma permanente «sin medias tintas».

A la espera de la decisión del TSJC, el caso no solo plantea un conflicto simbólico o político, sino también una cuestión de fondo sobre los límites legales de las instituciones: si es posible, o no, sustituir el cumplimiento de una resolución judicial por una compensación económica.