Sale de la prisión de Lérida uno de los presos más peligrosos de Cataluña: no está rehabilitado

La puerta de una prisión no siempre marca el final de un problema. A veces, simplemente señala el inicio de una nueva fase, más difícil de gestionar: la vuelta a la vida en libertad de una persona que ha cumplido condena, pero que no necesariamente se ha rehabilitado.

Es el caso de Dino Marcello Miller, que este jueves al mediodía ha salido de la cárcel de Ponent, en Lérida. Tiene 56 años y un historial delictivo importante: tres asesinatos, un intento de homicidio y varios atracos violentos. Sobre él pesa, además, un elemento clave: los informes penitenciarios coinciden en que no se ha rehabilitado ni ha seguido programas de tratamiento.

Ante esta situación, la Fiscalía ha ordenado a los Mossos de Esquadra que le hagan un seguimiento. Pero aquí conviene aclarar un punto fundamental: ese seguimiento tiene límites estrictos. Miller será, desde el momento en que salga de prisión, un ciudadano libre. Y eso implica que la policía no puede tratarlo como sospechoso.

En términos prácticos, esto significa que no se le puede geolocalizar, ni intervenir el teléfono, ni colocar dispositivos de control, ni obligarle a informar sobre su vida. La vigilancia será, por tanto, discreta y no invasiva: observar, recopilar información por vías legales y poco más.

Este margen de actuación limitado tiene una explicación jurídica clara. En el sistema penal español no se puede actuar en función de lo que alguien podría hacer, sino de lo que ha hecho. Solo si en la sentencia se hubiera impuesto una medida adicional, como la libertad vigilada, se podrían aplicar controles más estrictos. En este caso, no ocurrió.

Ahora bien, más allá de la ley, el caso plantea una cuestión clave: ¿por qué hay personas que salen de prisión sin haberse rehabilitado?

No se ha rehabilitado

Desde el ámbito de la psicología forense, la respuesta apunta a dos factores principales. Por un lado, el tipo de perfil delictivo. Cuando se trata de trayectorias largas y repetidas, la conducta criminal suele estar muy consolidada, lo que aumenta el riesgo de reincidencia. Por otro, la falta de implicación del propio interno. La rehabilitación no es automática: requiere reconocer el delito, participar en programas y tener voluntad de cambio. Si eso no ocurre, el proceso queda incompleto.

A esto se suma otra idea importante: cumplir una condena no equivale a estar reinsertado. La pena tiene un final legal, pero el proceso de cambio personal no siempre acompaña ese calendario.

Desde dentro del sistema penitenciario, los profesionales introducen un matiz relevante. La reinserción es un objetivo central y un mandato constitucional, pero no es infalible. El sistema ofrece herramientas y oportunidades, como la progresión de grado o los programas de tratamiento, pero no puede garantizar resultados en todos los casos. De hecho, es relativamente habitual que algunos internos no completen este proceso, bien por falta de voluntad, bien por la complejidad de su perfil.

Además, hay un factor estructural que complica aún más la situación: los recursos. En los últimos años ha aumentado la población reclusa en Cataluña, pero no así el número de profesionales dedicados a la rehabilitación. Esto reduce la capacidad de intervención, especialmente en los casos más complejos.

El caso de Miller, además, tiene un precedente que incrementa la preocupación. En 2020 ya salió de prisión tras veinte años encarcelado. Entonces, también se alertó de su riesgo de reincidencia. Y, efectivamente, volvió a delinquir apenas cuatro meses después, con dos atracos violentos.

Ahora, cuatro años más tarde, la historia se repite, aunque con un matiz importante: las instituciones conocen mejor el riesgo, pero disponen de las mismas herramientas limitadas para actuar.