Alerta en Lérida por la salida de prisión de un asesino múltiple no rehabilitado

Uno de los delincuentes más peligrosos de Cataluña saldrá este jueves de la prisión de Ponent, en Lérida, tras cumplir íntegramente su condena, a pesar de que los informes penitenciarios concluyen que no está rehabilitado y presenta un elevado riesgo de reincidencia. La Fiscalía ha ordenado a los Mossos d’Esquadra poner en marcha un dispositivo de vigilancia discreta para intentar controlar sus movimientos dentro de los límites que permite la ley, de acuerdo con la información adelantada por La Vanguardia.

Un preso muy violento vuelve a la calle

Se trata de un interno con un largo historial de violencia, condenado por la muerte de tres personas y por diversos atracos armados, al que los responsables penitenciarios describen como un preso de alta peligrosidad y sin cambios significativos en su conducta. Pese a la preocupación que genera su perfil, el hombre quedará en libertad una vez cumplida la pena impuesta por los tribunales, sin margen legal para prolongar su estancia en prisión.

La salida está prevista desde la cárcel de Ponent, en Lérida, donde el recluso ha apurado los últimos años de condena. Allí, los equipos de tratamiento han emitido varios informes internos en los que alertan de que el preso no ha seguido programas de reinserción ni ha mostrado la evolución que se esperaría para considerar disminuido el riesgo de que vuelva a delinquir, extremo que recoge también la información de La Vanguardia.

Fiscal y Mossos, en alerta ante el riesgo de reincidencia

Ante este escenario, la Fiscalía de Lérida ha decidido actuar preventivamente y ha ordenado a los Mossos d’Esquadra que establezcan una vigilancia sobre el excarcelado en cuanto abandone el centro penitenciario. El objetivo es disponer de información actualizada sobre su entorno y sus movimientos en las primeras semanas en libertad, para poder reaccionar con rapidez si se detectan indicios de nuevos delitos graves.

No obstante, la vigilancia será necesariamente limitada. La policía autonómica no puede imponer controles propios de una medida judicial que no existe en este caso: no puede obligarle a fichar, ni a comunicar domicilio o trabajo, ni a aceptar dispositivos de geolocalización, ni puede intervenir sus comunicaciones sin autorización judicial. La actuación deberá ceñirse a un seguimiento discreto y a la obtención de información por canales ordinarios, sin vulnerar los derechos de un ciudadano que, jurídicamente, ha cumplido su deuda con la justicia.

Los límites de la ley ante delincuentes extremos

El caso reabre el debate sobre cómo debe responder el sistema penal ante delincuentes con un historial de extrema violencia y un pronóstico de reinserción muy desfavorable. Expertos consultados por La Vanguardia recuerdan que la policía no puede «vigilar por si acaso» a una persona sólo por su peligrosidad abstracta, sin hechos concretos que justifiquen la intervención. Cualquier exceso en este terreno podría derivar en un derecho penal basado en la percepción del peligro más que en actos efectivos.

En la práctica, subraya también ese diario, la única herramienta que permitiría un control posterior más intenso sería la imposición en sentencia de medidas de seguridad como la libertad vigilada, algo que no se incluyó en este caso. Sin ese instrumento, la actuación de la Fiscalía se reduce a emitir avisos internos a los cuerpos policiales para que estén en guardia cuando salen en libertad internos catalogados como no rehabilitados, una situación que se repite con cierta frecuencia en Cataluña.

Preocupación social y seguridad ciudadana

La inminente excarcelación de este preso de alta peligrosidad ha encendido todas las alarmas en el ámbito policial y judicial de Lérida, que ve cómo un condenado por tres muertes violentas vuelve a la calle en un contexto en el que los propios profesionales que lo han tratado no aprecian voluntad de cambio.