El consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, esta semana en la UAM
Cataluña
Un consejero de Illa defiende en Madrid que el catalán sea obligatorio en contratos públicos y subvenciones
El gobierno autonómico presenta su modelo lingüístico en un foro internacional y apuesta por reforzar el uso del catalán en la actividad económica vinculada a la Administración
La Generalitat de Cataluña, a través de uno de los consejeros del Ejecutivo presidido por Salvador Illa, ha defendido en Madrid la obligatoriedad del uso del catalán en contratos públicos y en la concesión de subvenciones. En concreto, la propuesta fue expuesta por el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, durante la participación institucional en el Language Policy Forum 2026, donde el Govern presentó su modelo de política lingüística.
Según la información difundida por el propio Ejecutivo autonómico, el consejero encargado de la materia, Vila, expuso las líneas estratégicas del modelo catalán, que persigue reforzar la presencia del catalán en todos los ámbitos sociales, incluyendo el económico y administrativo. En este contexto, se planteó que el uso de esta lengua pueda convertirse en un requisito en las relaciones contractuales con la Administración y en el acceso a ayudas públicas.
La intervención se enmarca en la estrategia del Govern para consolidar el catalán como lengua de uso prioritario, no solo en el ámbito educativo o cultural, sino también en sectores clave vinculados a la actividad económica. De este modo, las empresas que deseen contratar con la Administración o beneficiarse de subvenciones podrían verse obligadas a garantizar el uso del catalán en sus servicios o comunicaciones.
El planteamiento ha sido presentado como parte de un modelo propio de política lingüística que la Generalitat busca proyectar a nivel internacional. Durante el foro, el Ejecutivo catalán defendió su enfoque como un ejemplo de promoción y protección de las lenguas cooficiales en un contexto global.
La iniciativa se produce en un momento de creciente debate sobre el papel de las lenguas en la vida pública y económica, así como sobre los límites de las políticas de normalización lingüística en España. En este sentido, la propuesta abre interrogantes sobre su encaje jurídico y su impacto en la libre concurrencia en contratos públicos, especialmente para empresas de fuera de Cataluña.
El ejecutivo catalán, por su parte, sostiene que estas medidas son necesarias para garantizar la presencia efectiva del catalán y evitar su retroceso en ámbitos estratégicos.
