Niubó intenta suavizar el envío de Mossos a institutos: no hay «problema de convivencia» sino «complejidad»

Al gobierno catalán le ha cogido con el pie cambiado la filtración a la prensa del polémico proyecto piloto para destinar agentes de los Mossos d'Esquadra a institutos iniciado por el departamento de Educación de la Generalitat. La noticia, adelantada por El País, ha generado una ola de críticas por parte de docentes y agentes sociales –la portavoz del sindicato mayoritario USTEC, Iolanda Segura ha insistido este martes en que es «un insulto»–, y la consejería ha intentado calmar las aguas con una atención a la prensa.

«En ningún caso se impondrá a ningún centro que no quiera», ha insistido la consejera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, en una intervención este martes en la que ha defendido el polémico proyecto piloto. Actualmente el proyecto involucra a 14 centros, entre los que se reparten seis agentes de los Mossos d’Esquadra, «especialistas en tareas de prevención», ha dicho.

Niubó ha asegurado que la selección de los centros «no se ha hecho atendiendo a los datos de conflictividad», sino buscando una muestra «representativa», y ha insistido varias veces en que «en Cataluña no hay un problema de convivencia y seguridad»... pero sí que hay una «complejidad» que comporta una serie de «problemáticas» en los centros, y que los agentes realizarán una labor de «prevención» para solucionarlas antes de que sea tarde.

Con todo, la consejera ha evitado definir con claridad qué tipo de situaciones afrontarán estos policías, ni dar ejemplos, y también ha esquivado la cuestión de, si no hay un problema de conflictividad, como ha dicho, por qué es necesario tomar una decisión tan drástica como destinar policías a los centros. «No sustituirán a los educadores o profesores COCOBE, sino que los complementarán y aportarán su conocimiento experto», ha dicho.

Dos evaluaciones previstas

La titular de Educación ha explicado que el programa es «una evolución» de la figura de los agentes tutores, presentes en varias comunidades autónomas españolas, y que supone «un paso más». «Vamos a hombros de gigantes», señalan fuentes del departamento, que también reconocen que les habría gustado explicar el proyecto dentro de unos meses: en julio está prevista una primera evaluación y en enero de 2027, la definitiva.

Niubó señala que el proyecto nace de las reclamaciones de los propios centros: hace cosa de un año tuvieron constancia de varias peticiones en este sentido a los Servicios Territoriales de Educación, y empezaron a diseñar el piloto, que debe suponer un cambio de paradigma en la atención a los conflictos: «Antes los agentes de autoridad se incorporaban cuando había un conflicto, de forma reactiva, y ahora lo abordaremos de forma preventiva».