Trasladan a Rosa Peral a Brians 1 por un supuesto plan para agredir a una funcionaria

Rosa Peral, exagente de la Guardia Urbana de Barcelona condenada a 25 años de prisión por el asesinato de su novio, Pedro Rodríguez, ha sido trasladada este martes de la cárcel de Mas d’Enric, en El Catllar (Tarragona), a la prisión de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima ha ordenado el cambio por motivos disciplinarios, después de que se difundiera que la interna habría urdido un plan para agredir a una funcionaria del módulo de mujeres, extremo que su abogada rechaza tajantemente. El caso vuelve a poner el foco en la conflictiva trayectoria carcelaria de Peral desde que ingresó en prisión por el llamado crimen de la Guardia Urbana.

Un traslado disciplinario y sin previo aviso a la defensa

Según las informaciones difundidas, el traslado se ejecutó a primera hora de la mañana y ya se ha hecho efectivo el ingreso de Peral en el módulo correspondiente de Brians 1. La decisión se ha adoptado por la administración penitenciaria catalana alegando motivos disciplinarios relacionados con la seguridad y el orden interno del centro de Mas d’Enric.

Las autoridades penitenciarias habrían actuado tras la detección de un supuesto plan para atacar a una funcionaria que trabajaba en el módulo de mujeres de Mas d’Enric. Fuentes citadas por los medios señalan que la reclusa habría impulsado esa agresión desde dentro del centro, lo que habría precipitado el cambio urgente de prisión.

La defensa de Rosa Peral, sin embargo, sostiene que no existe ningún expediente disciplinario reciente que respalde la versión de un plan violento contra personal funcionario. Sus abogadas denuncian falta de transparencia en la gestión del traslado y señalan que no recibieron la documentación justificativa con antelación, lo que alimenta la controversia en torno a la medida.

Antecedentes: el crimen de la Guardia Urbana

Peral fue condenada a 25 años de prisión como coautora, junto a su entonces amante y también agente Albert López, del asesinato de su pareja, el también guardia urbano Pedro Rodríguez, en 2017. El caso, conocido como crimen de la Guardia Urbana, conmocionó a la opinión pública por la combinación de engaños personales, abuso de confianza y la posterior aparición del cadáver calcinado en el interior de un coche en una pista forestal.

La Audiencia de Barcelona apreció alevosía y, en el caso de Peral, el agravante de parentesco, dado que convivía con la víctima en el momento de los hechos. La sentencia estableció también un periodo de libertad vigilada posterior al cumplimiento de la condena, atendiendo a la gravedad de los hechos y al daño causado.

Desde su ingreso en prisión, la figura de Peral ha mantenido una fuerte exposición mediática, especialmente tras la difusión de productos audiovisuales que recrean el crimen, lo que ha generado debates sobre la espectacularización de la violencia y la instrumentalización de casos de asesinato con un fuerte componente familiar y sentimental.

Una trayectoria penitenciaria plagada de conflictos

El actual traslado no es un hecho aislado, sino que se suma a otros cambios de centro motivados por problemas de convivencia y conflictos en distintos penales. A los pocos meses de entrar en prisión, Peral fue enviada desde Wad-Ras a otro centro, después de que la dirección considerara que su presencia alteraba la convivencia interna.

Posteriormente, ha pasado por diferentes módulos y prisiones, incluidos Brians y Mas d’Enric, con varios movimientos vinculados tanto a cuestiones regimentales como a incidentes con otras internas y con personal penitenciario. En el centro de Tarragona, donde ha permanecido los últimos años, ya constan antecedentes de tensiones y de un intento de agresión previo a funcionarios en 2024, según las informaciones publicadas.

Algunos de esos episodios se relacionan con acusaciones de haber organizado ataques a trabajadoras del centro utilizando a otras internas, presuntamente a cambio de compensaciones en forma de tabaco o sustancias, aunque no todas esas actuaciones han derivado en condenas penales firmes. En al menos una ocasión, una causa abierta por la supuesta contratación de un sicario para atentar contra su exmarido fue finalmente archivada, lo que muestra un historial complejo en el ámbito judicial y penitenciario.

El supuesto plan para atacar a una funcionaria

La última polémica tiene su origen en la información adelantada por un medio local, según la cual Peral habría participado en la preparación de una agresión contra una funcionaria de Mas d’Enric. El relato apunta a una planificación previa, con implicación de otra interna, y a un contexto de tensión acumulada entre la penada y parte del personal del centro.

En informaciones anteriores sobre hechos similares, se ha descrito un patrón en el que Peral habría recurrido a otras reclusas para ejecutar agresiones a cambio de tabaco o droga, en lo que se interpretaría como una forma de presión y venganza frente a decisiones disciplinarias que le afectaban. Este tipo de dinámicas refleja la fragilidad del orden interno en algunos módulos y la vulnerabilidad de los funcionarios, especialmente en un contexto de carencias de medios y sobrecarga de trabajo en los centros penitenciarios.

En este caso concreto, la letrada de la interna insiste en que no hay un expediente sancionador reciente que acredite la existencia del plan, y cuestiona que se adopten medidas tan severas sin una base documental formalizada. El choque entre la versión de la administración y la de la defensa deja abierta la puerta a futuras acciones legales y recursos contra la decisión de traslado.