Los directores de colegio catalanes ven más necesario restaurar la autoridad del profesor que destinar mossos

La escuela se ha convertido en el espejo más incómodo de la transformación social: donde antes había conflictos puntuales, hoy hay tensiones más frecuentes, más complejas y, cada vez más, judicializadas. En ese contexto, la propuesta de introducir agentes de los Mossos de Esquadra de paisano y sin armas en institutos de alta complejidad ha encendido un debate de fondo sobre los límites entre seguridad y educación, y sobre qué necesita realmente el sistema para sostener la convivencia en las aulas.

La medida, planteada como un plan piloto por los departamentos de Educación e Interior, pretende reforzar la prevención y el acompañamiento en centros especialmente tensionados. Sin embargo, su anuncio ha generado una fuerte controversia y una división evidente en la comunidad educativa, con centros que incluso han comenzado a rechazar su aplicación.

Entre los equipos directivos, la reacción inicial ha sido de sorpresa. Jordi Satorra, presidente de la Asociación de Directivos de la Educación Pública de Cataluña (AXIA), asegura que la información no se había trasladado previamente por los canales habituales de coordinación con la administración. «Nosotros hemos tenido la misma sorpresa que todo el mundo», explica, subrayando la falta de concreción sobre cómo se desplegaría la medida en los centros.

El foco del debate no es la intervención policial puntual, que ya existe en casos de necesidad, sino su presencia estable en el interior de los institutos. Satorra no cuestiona la actuación de los Mossos cuando es requerida, pero sí la idea de normalizar su presencia diaria. «La policía ha de ser siempre que sea necesaria, pero una presencia permanente es poco eficiente», señala. A su juicio, disponer de agentes en el centro no garantiza por sí mismo una reducción de los conflictos, que requieren otro tipo de abordaje.

Detrás de esta discusión aparece un problema estructural más profundo: la creciente complejidad de la gestión escolar y la sensación de pérdida de herramientas por parte de las direcciones. En los últimos años, los centros han visto aumentar la conflictividad y, con ella, la judicialización de situaciones que antes se resolvían internamente. «Acabamos siendo en parte jueces, fiscales y abogados defensores», lamenta Satorra, que describe un escenario en el que cada decisión disciplinaria puede acabar en los tribunales.

Esa judicialización tiene efectos directos sobre la capacidad de intervención educativa. Cuando un caso entra en la vía penal, los centros quedan limitados para aplicar sanciones o medidas reparadoras. «No puedes sancionar dos veces por el mismo hecho», explica, lo que en la práctica puede dejar sin respuesta educativa situaciones graves, incluso de agresión, mientras víctima y agresor continúan compartiendo espacio.

Más respaldo para el profesor

A ello se suma una carga administrativa creciente. Las direcciones deben documentar cada incidente con precisión, elaborar informes para fiscalía y, en ocasiones, comparecer como testigos. «Esto antes no pasaba, ha aumentado muchísimo», advierte Satorra, que denuncia además la falta de recursos y de actualización de las horas de gestión pese al aumento de la complejidad.

En este marco, la propuesta de una presencia policial estable se percibe como una respuesta parcial. Desde AXIA defienden que la prioridad debe ser reforzar la autoridad pedagógica del profesorado, garantizar seguridad jurídica a las decisiones de los equipos directivos y dotar a los centros de más apoyo institucional. «Lo que necesita un director es seguridad en sus acciones y respaldo de la administración», resume.

La colaboración con los Mossos, no obstante, ya forma parte del funcionamiento habitual de muchos centros. Existen unidades especializadas en mediación y relación con la comunidad, y la intervención policial puntual es considerada necesaria en determinados casos. «Cuando llamamos, vienen», recuerda Satorra, que diferencia claramente entre esa colaboración existente y la idea de una presencia continuada.

El debate, en definitiva, no enfrenta únicamente dos modelos de gestión, sino dos formas de entender la respuesta a la conflictividad escolar. Para los equipos directivos, la clave no está en sustituir la intervención educativa por la presencia policial, sino en abordar las causas de fondo: la falta de recursos, el incremento de la presión jurídica y la transformación social que se refleja en las aulas.

Las primeras consecuencias del plan piloto ya apuntan a la dificultad de consenso. De los catorce centros inicialmente previstos, al menos cuatro (los claustros) han rechazado participar, dejando en evidencia las dudas que genera una medida que, lejos de cerrar el debate, lo ha reabierto con más intensidad.