Piden dos años y medio de cárcel por boicotear el homenaje a Cervantes en la Universidad de Barcelona

El juicio contra los 18 acusados de boicotear en 2018 un acto de homenaje a Miguel de Cervantes en la Universidad de Barcelona ha comenzado este lunes en la Ciudad de la Justicia, con la Fiscalía manteniendo su petición de dos años y medio de prisión y una multa de 6.500 euros para cada uno de los encausados por delitos de coacciones y contra el ejercicio de derechos fundamentales, con el agravante de discriminación ideológica. La defensa ha pedido que se les aplique la Ley de Amnistía, lo que el juez resolverá en su sentencia.

La acusación, impulsada por Sociedad Civil Catalana, sostiene que los hechos supusieron una vulneración clara de la libertad de expresión. Su presidente, Álex Ramos, ha defendido que el acto tenía carácter estrictamente cultural y que su cancelación se produjo ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de los asistentes. Según ha explicado, el evento fue interrumpido por un grupo de manifestantes y derivó en un boicot que impidió su desarrollo normal, lo que considera incompatible con un espacio universitario.

No solo eso. También ha destacado que estaban invitados el hispanista francés Jean Canavaggio y su mujer, que «se quedaron muy sorprendidos del boicot que produjeron una serie de intolerantes». Y ha dejado claro que «no puede haber impunidad con un acto violento de personas intolerantes y de personas totalitarias».

Ramos ha lamentado que los encausados no se hayan disculpado ni hayan entendido que lo que hicieron no se puede asumir: «Estamos contentos de estar en la Ciudad de la Justicia y de que se haga justicia, para que esta gente entienda que no se puede ir por la vida de esta manera».

Y es que desde la entidad denuncian que este tipo de actuaciones, basadas en la presión y la intimidación, no pueden justificarse como ejercicio del derecho a la protesta cuando conllevan la suspensión de actividades ajenas y la restricción de derechos de terceros.

En esta línea, la Fiscalía se ha opuesto a la aplicación de la amnistía solicitada por la defensa, al entender que los hechos encajan en conductas penalmente relevantes que exceden el ámbito de la discrepancia política.

La UB vinculada al «catalanismo»

Por su parte, la defensa, vinculada a Alerta Solidària, ha reclamado la aplicación de la Ley de Amnistía y ha restado gravedad a lo ocurrido. Sus portavoces sostienen que no se produjeron daños ni lesiones y enmarcan la protesta en el contexto político del momento, en pleno auge del independentismo.

Además, justifican la movilización argumentando que la Universidad de Barcelona es una institución históricamente vinculada al catalanismo y al antifranquismo, y presentan la protesta como una reacción frente a un acto que consideran ideológicamente contrario a ese entorno.

Este planteamiento, sin embargo, ha sido cuestionado por la acusación, que considera que apelar a una determinada identidad ideológica de la universidad no puede servir para legitimar la interrupción de actos ni el veto a iniciativas culturales.

A las puertas de la Ciudad de la Justicia, cerca de un centenar de personas se han concentrado para mostrar su apoyo a los acusados, mientras el proceso judicial sigue su curso para determinar si los hechos constituyeron un delito o se encuadran en el ejercicio del derecho a la protesta.