Uno de cada tres coches actuales no podrá entrar al área metropolitana de Barcelona en 2028

El Consejo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado inicialmente el Plan Metropolitano de Movilidad Urbana 2025-2030, que veta desde 2028 la circulación de vehículos con etiqueta ambiental B en las Zonas de Bajas Emisiones de Barcelona y su entorno, una decisión que dejará fuera a alrededor de un tercio del parque actual. La medida salió adelante con el apoyo de la mayoría de partidos, la abstención del PP y el voto en contra de Vox, que se ha quedado solo en la defensa de los conductores y acusa a la izquierda y al separatismo de atacar la movilidad de las familias que no pueden permitirse un coche eléctrico.

Veto a la etiqueta B y calendario

El nuevo plan del AMB fija que, a partir de 2028, los turismos, motos y ciclomotores con distintivo B (etiqueta amarilla) no podrán acceder ni circular por las Zonas de Bajas Emisiones del área de Barcelona. Hasta ahora, las restricciones se centraban en los vehículos sin etiqueta de la DGT, pero el salto a la etiqueta B supone dejar en la cuneta a una parte muy significativa del parque móvil, utilizado a diario para ir a trabajar, llevar a los hijos al colegio o atender obligaciones familiares.

Según los datos difundidos por el propio AMB, el veto afectará aproximadamente a uno de cada tres coches que circulan hoy por el entorno de Barcelona, es decir, alrededor del 30% del parque. El plan establece además que el resto de vehículos de combustión irán entrando de forma progresiva en la prohibición hasta 2030, con el objetivo declarado de eliminar la presencia de motores térmicos en la red viaria metropolitana.

Una ZBE más grande y más restrictiva

La decisión no se limita a Barcelona ciudad. La llamada ZBE Rondes ya cubre un amplio perímetro que incluye Barcelona, L’Hospitalet, Esplugues, Santa Coloma y Sant Adrià, con casi 100 kilómetros cuadrados de superficie, pero el nuevo plan prevé extender el modelo de restricciones a otros municipios del entorno, que deberán activar o endurecer sus propias zonas de bajas emisiones.

En la práctica, ello significa que muchos vecinos del área metropolitana verán limitado su acceso a la capital y a los principales polos de empleo si conservan un vehículo con etiqueta B a partir de 2028. Los ayuntamientos, además, irán endureciendo las condiciones de circulación en los años previos, de manera que el margen para seguir utilizando estos vehículos se reducirá progresivamente hasta la prohibición total.

Vox denuncia un «ataque a las familias trabajadoras»

Vox ha sido la única formación que ha votado en contra del veto a la etiqueta B en el consejo metropolitano, frente al apoyo de la mayoría de partidos de izquierdas y nacionalistas y la abstención del PP. El grupo de Vox en el AMB ha expresado su rechazo frontal al plan y ha advertido de que se trata de una medida «puramente recaudatoria» que criminaliza a quienes no pueden permitirse un coche nuevo de bajas emisiones.

En mensajes difundidos en redes sociales, Vox acusa directamente a «la izquierda y el separatismo» de prohibir la etiqueta B «para que te quedes sin coche» y denuncia que el veto es «un ataque directo a las familias trabajadoras y a tu movilidad». La formación subraya que un coche eléctrico medio puede superar los 40.000 euros y reprocha que se esté obligando de facto a miles de familias a endeudarse o renunciar al vehículo privado sin ofrecer alternativas reales y asequibles.

«Medida puramente recaudatoria que criminaliza a quienes no pueden comprarse un coche eléctrico de 40.000 euros», es la crítica que recoge, por ejemplo, la prensa nacional al resumir la posición de Vox ante el nuevo plan del AMB. El partido insiste en que la prioridad debería ser mejorar el transporte público, garantizar la seguridad y ofrecer incentivos, en lugar de castigar a quienes dependen del coche para trabajar o cuidar de sus mayores.

Más allá del debate ideológico, el endurecimiento de la ZBE golpea de lleno a las clases medias y trabajadoras que compraron en su día un coche con etiqueta B precisamente porque era el mínimo exigido para circular sin restricciones. Muchos de estos vehículos siguen pasando la ITV sin problemas y son esenciales para autónomos, repartidores, pequeños comerciantes o familias con horarios que el transporte público no cubre.

Diversos análisis señalan que el calendario fijado por Barcelona adelantará la retirada de estos vehículos respecto a otras ciudades, lo que puede generar un «efecto frontera» y agravar la brecha entre quienes pueden adaptarse con rapidez al nuevo modelo de movilidad y quienes quedan atrapados en la periferia sin alternativas. Mientras los colectivos ecologistas celebran la iniciativa, la contestación social entre los propietarios de coches con etiqueta B crece al considerar que se les penaliza por no poder renovar su vehículo en un contexto de alta presión fiscal y encarecimiento del coste de vida.