El Parlament obligó a un compareciente a llevar pinganillo tras negarse los diputados a preguntar en español

En la comisión de Igualdad y Feminismo del Parlament de Catalunya comparecía esta semana la presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural, que es de Ciudad Real. Pero para poder seguir las intervenciones de los diputados, tuvo que colocarse unos pinganillos de traducción simultánea, un recurso poco habitual en una cámara donde, en teoría, deben convivir dos lenguas oficiales, catalán y castellano, y donde, en la práctica, todos sus miembros dominan ambas.

La Mesa de la comisión aprobó, por mayoría, habilitar ese servicio de traducción del catalán al castellano durante la comparecencia de la presidenta porque la compareciente, evidentemente, reconocía que no entendía el catalán. El Partido Popular rechazó esta posibilidad. Lo hizo entonces y lo ha hecho también con un escrito firmado por su portavoz, Juan Fernández, en el que sostiene que no existía una «necesidad acreditada» para activar la traducción, al tratarse de dos lenguas oficiales que los diputados dominan. A su juicio, la decisión introduce una situación poco habitual en el funcionamiento ordinario de la cámara.

El texto incide en el uso de los recursos públicos y reclama que se ajusten a criterios de racionalidad y buena administración, especialmente cuando implican un coste específico. También pone el foco en el significado institucional de la medida: advierte de que recurrir a traducción simultánea entre catalán y castellano, en este contexto, no responde a un problema real de comprensión.

Es más, considera que la autorización «de un servicio de traducción en la sesión de la CIF…no refuerza la normalidad lingüística, sino que introduce una excepcionalidad difícilmente justificable». Y se insiste en la idea de que las lenguas son «instrumentos de comunicación, conviviencia y cohesión», y en ningún caso deben servir «para marcar distancias artificiales entre ciudadanos que comparten un mismo espacio institucional y una misma realidad bilingüe».

La diputada del PP Lorena Roldán, que es precisamente secretaria de la Mesa de la comisión, ha calificado lo ocurrido de «totalmente surrealista». «Me negué en rotundo porque no hay necesidad de poner un intérprete a una señora de Ciudad Real que habla castellano cuando el resto de miembros de esa comisión también hablan castellano perfectamente», ha denunciado en declaraciones a El Debate.

En este sentido, la diputada popular ha precisado que, por este motivo, su grupo ya ha presentado una reclamación y ha recordado que ese servicio de traducción simultánea es «un gasto innecesario» que, a su juicio, «solo pretende forzar una barrera lingüística que en la calle ni siquiera existe». «Las lenguas están para comunicarse, no para levantar muros ideológicos», ha concluido.

En su escrito, el grupo popular solicita a la Mesa del Parlament que haga público el coste total del servicio de traducción simultánea utilizado en esa sesión, incluyendo cualquier gasto directo o indirecto derivado de su contratación. También reclama que se detallen los criterios que llevaron a autorizarlo, al entender que este tipo de decisiones deben estar justificadas y ser transparentes. Y es que la decisión adoptada por Mesa, recoge el escrito, «merece una valoración crítica desde el punto de vista institucional, presupuestario y lingüístico».