Multas, subvenciones e imposición en las aulas: la implacable ofensiva de Salvador Illa contra el español

Tras haber conseguido pactar acuerdos con ERC y con los Comunes, Salvador Illa ya tiene Presupuestos para asegurarse la segunda mitad de esta legislatura. Uno de los elementos que ha ganado peso en estas cuentas públicas –que empezaron a tramitarse este viernes– es el impulso al catalán, ya que el Govern prevé destinar 85 millones a la consejería de Política Lingüística, 26 más que en 2023, cuando aún era un departamento integrado en Cultura.

La mayoría de esta cantidad irá destinada a la organización de cursos de catalán para adultos, a través del Consorcio para la Normalización Lingüística (CNL), que ofrecerá 134.000 plazas para cursos propios y supervisará los concertados. Además, se creará un nuevo certificado de nivel A1, el básico, para hacer más fácil la «acogida lingüística» de los inmigrantes.

El pacto cerrado con ERC para permitir a Illa tener Presupuestos también incluía el compromiso de destinar 2,1 millones de euros en ayudas directas a entidades pancatalanistas de la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Aragón o la ciudad italiana de Alguer, para luchar contra las «políticas reaccionarias» de PP y Vox. Entre otras medidas, también se pactó un programa de 50 millones anuales durante tres años para reforzar el catalán en las redes sociales.

El aumento de recursos para esta consejería revela el peso que la política lingüística ha adquirido para el gobierno de Illa, y refleja una suerte de metamorfosis en el discurso del propio presidente de la Generalitat y de los socialistas catalanes en los últimos años: en 2021, Illa pedía que se cumpliese la sentencia del Tribunal Supremo que ratificaba el 25% de español en las aulas catalanas y aseguraba que «defender el catalán no implica atacar el castellano».

La metamorfosis de Illa

En los últimos cinco años, no obstante, y en particular desde su llegada al poder, Illa ha ‘comprado’ el relato de los nacionalistas en la cuestión lingüística. Sobre el 25 % de español, hace un mes y medio respondía a una resolución judicial contraria a la inmersión lingüística asegurando que «defenderemos el catalán y la escuela catalana hasta el final».

La Generalitat, además –tal y como reveló el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila– está «reforzando» su plantilla de juristas especializados en derecho lingüístico para combatir la futura sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 25 % de español.

Las aulas no son el único campo de batalla en el que Illa está desplegando una ofensiva contra el español. Otro ejemplo son las sanciones impuestas por la Agencia Catalana del Consumo (ACC) por «vulneración de derechos lingüísticos»: en 2025, primer año completo de Illa como presidente, se impusieron un total de 486 multas de este tipo, la cifra más alta de la serie histórica, y más de lo que se puso durante los mandatos de Carles Puigdemont y Quim Torra juntos.

Además, como explicó recientemente El Debate, la Generalitat ha impulsado una guía prologada por Illa para animar a los gobiernos municipales a desarrollar planes de política lingüística a nivel local, en la que se incluyen directrices como «priorizar a las empresas proveedoras de servicios que etiqueten en catalán», con el objetivo de «incrementar el uso del catalán en las comunicaciones externas».

En esta guía también se pide a los ayuntamientos que incluyan «cláusulas lingüísticas» en los contratos y pliegos de contratación y licitación de servicios, y que impartan «sesiones de sensibilización» sobre dichas cláusulas a los prestadores de servicios, entre otras medidas. También se insta a realizar «recogidas de datos» sobre el «paisaje lingüístico» o la presencia del catalán en establecimientos, comercios, empresas y servicios del municipio.

Sobre esta última cuestión, cabe señalar también que el número de denuncias contra personas que no usan el catalán en sus negocios o como funcionarios –en particular, sanitarios o profesores– creció un 48 % en 2025, según reveló la Consejería de Política Lingüística revelados en una respuesta parlamentaria a Junts. En concreto, se pasó de las 2.423 denuncias lingüísticas de 2024 a las 3.604 del pasado año.

Todo ello –colegios, sanciones, cláusulas lingüísticas o delaciones– son solamente algunos de los ejemplos más flagrantes de una ofensiva que Illa lleva protagonizando desde que asumió como propio el discurso nacionalista en el ámbito lingüístico.