El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, preside el pleno de diciembre en el Ayuntamiento de Barcelona
Cataluña
La oposición exige a Collboni abrir una negociación inmediata con los trabajadores municipales en huelga
Batlle acusa a los sindicatos contrarios al convenio de no presentar ninguna propuesta «seria»
La crisis laboral abierta en el Ayuntamiento de Barcelona ha escalado al terreno político. La oposición municipal ha reclamado al gobierno de Jaume Collboni que abra «de forma inmediata» espacios de diálogo con los colectivos de trabajadores en huelga, especialmente en servicios sociales, oficinas de atención ciudadana y escuelas infantiles municipales.
La petición ha salido adelante durante el pleno extraordinario celebrado esta mañana a iniciativa de Junts, Barcelona en Comú y ERC, y ha contado también con el apoyo del PP. El PSC y Vox han votado en contra.
El debate se ha desarrollado mientras decenas de trabajadores municipales se concentraban frente al Ayuntamiento para denunciar la falta de negociación y el deterioro de las condiciones laborales tras la aprobación, el pasado enero, del nuevo convenio laboral para el periodo 2025-2028.
El teniente de alcalde Albert Batlle, responsable de Régimen Interno, ha admitido el «malestar» existente entre parte de la plantilla, pero ha cargado con dureza contra los sindicatos contrarios al acuerdo, CGT, Intersindical y Ábacos, a los que ha acusado de no haber presentado «ninguna propuesta seria» en los espacios de negociación abiertos por el consistorio.
Batlle ha defendido el convenio aprobado en enero recordando que contó con el respaldo mayoritario de la representación sindical, incluidos CCOO, UGT y CSIF. Además, ha advertido del «precedente peligroso» que, a su juicio, supone dar protagonismo «a la parte más beligerante y minoritaria del conflicto».
Pese a ello, los grupos de la oposición han coincidido en reprochar al ejecutivo municipal su falta de capacidad para reconducir el conflicto. El portavoz de Junts, Josep Rius, ha asegurado que «allá donde gobierna el PSC hay huelgas y conflictos» y ha pedido al gobierno municipal que «se arremangue» para evitar un mayor deterioro de los servicios públicos.
Desde Barcelona en Comú, Marc Serra ha defendido el apoyo de su grupo al convenio por considerar que incorpora avances como la jornada laboral de 35 horas semanales, aunque ha reconocido que ya advirtieron de la necesidad de corregir la situación de algunos colectivos especialmente afectados. Serra ha reclamado un «giro de 180 grados» y ha pedido apartar a Batlle de las negociaciones.
ERC también ha criticado la gestión del conflicto. Jordi Coronas ha pedido «rebajar la tensión» y situar «en el centro» tanto a los trabajadores como a los usuarios de los servicios municipales. El PP, por su parte, ha reclamado revisar algunos anexos del convenio que afectan a sectores especialmente tensionados, como las escuelas infantiles o las oficinas de atención ciudadana.
Inicio de la crisis
El origen de la crisis se encuentra en el acuerdo laboral aprobado en enero por el Ayuntamiento junto a los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. Los sindicatos críticos sostienen que el nuevo marco laboral agrava problemas estructurales como la falta de personal, la sobrecarga de trabajo y la dificultad para cubrir bajas.
Durante la protesta celebrada esta mañana frente al consistorio, representantes de CGT e Intersindical han acusado al gobierno municipal de «menospreciar» a los trabajadores y han advertido de que convocarán una huelga el próximo 9 de junio, coincidiendo con la visita del Papa a Barcelona, si el alcalde no acepta abrir una negociación directa.
La teniente de alcalde Laia Bonet ha defendido posteriormente ante los medios que el convenio es «histórico» y mejora las condiciones de cerca de 16.000 trabajadores municipales. Según ha explicado, desde enero se celebran reuniones semanales de seguimiento e interpretación del acuerdo y la CGT «no ha presentado ninguna propuesta concreta».
Mientras tanto, los sindicatos firmantes del convenio han intentado rebajar la tensión. Aunque reconocen problemas de personal y sobrecarga en algunos servicios, defienden que las mejoras deben abordarse dentro de las mesas de negociación ya existentes.