La justicia insiste: el Parlament deberá exhibir la bandera de España todos los días, y no solo los de pleno

La Justicia catalana vuelve a corregir al Parlamento autonómico. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado los recursos presentados por el Parlament y por el Ayuntamiento de Barcelona y ratifica así la decisión cautelar que obliga a que la bandera de España ondee de forma permanente en el exterior de la Cámara, y no solo en los días de pleno.

En un auto reciente, el TSJC subraya que no existe perjuicio alguno en aplicar la normativa vigente sobre símbolos oficiales y recuerda el carácter imperativo de la ley en materia de banderas. El tribunal lo expresa con una claridad que desarma cualquier pretexto político: ningún daño se causa por cumplir una norma que establece que la bandera es signo de la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad de la patria, y que representa los valores superiores recogidos en la Constitución.

La resolución llega después de que el Parlament tratara de revertir la medida cautelar adoptada en marzo, cuando el propio TSJC ordenó izar de manera inmediata y permanente la enseña nacional en la fachada de la institución. También el Ayuntamiento de Barcelona se había sumado a la ofensiva jurídica contra esa decisión, que ahora queda firmemente consolidada.

Desde Impulso Ciudadano, la entidad que promovió la acción judicial, la lectura es tan jurídica como política. Su presidente, Rafael Arenas, considera «desolador» que una institución constitucional como el Parlamento de Cataluña recurra una resolución que únicamente ordena que ondee la bandera de España en el edificio que la alberga. A su juicio, este comportamiento evidencia que el Parlament rechaza ser símbolo de los valores constitucionales, de la soberanía española y de la unidad de la patria, precisamente porque los nacionalistas que lo controlan son plenamente conscientes de la fuerza de los símbolos.

Arenas alerta de que, mientras quienes deberían defender esos valores tienden a presentar este debate como una cuestión «menor», en realidad está en juego el respeto efectivo al marco constitucional. Sostiene que en Cataluña ganaría la convivencia si se aplicara la ley con normalidad y se respetaran las decisiones judiciales, y advierte de que, si se permite que el poder público incumpla normas y sentencias, no hay convivencia, sino sometimiento. Impulso Ciudadano, concluye, seguirá trabajando para que se respeten la legalidad y los valores constitucionales e invita a que más ciudadanos se sumen con convicción a esta tarea.