Mossos, profesores y médicos desmontan la ‘pax socialista’ en Cataluña y complican la legislatura de Illa

Salvador Illa ha construido buena parte de su imagen política sobre una idea sencilla: la capacidad para llegar a acuerdos. Desde su llegada a la Generalitat, el líder socialista ha hecho de la negociación una de sus principales señas de identidad. Ha pactado con ERC, ha buscado entendimientos con los Comunes y ha asumido algunas reivindicaciones históricas del independentismo en nombre de la estabilidad institucional.

Sin embargo, esa capacidad para la cesión política parece diluirse cuando quienes llaman a la puerta del Govern no son partidos parlamentarios, sino docentes, médicos o policías. Mientras el ejecutivo catalán presume de diálogo y acuerdos en el ámbito político, algunos de los principales colectivos profesionales de Cataluña mantienen abiertos conflictos que, lejos de encauzarse, muestran síntomas de enquistamiento.

Profesores

La educación se ha convertido en uno de los ejemplos más evidentes. Los docentes vuelven este viernes a la huelga después de rechazar por amplia mayoría el preacuerdo alcanzado entre el Departamento de Educación y varios sindicatos. El 65 % de los participantes en la consulta organizada por USTEC votó en contra del texto, obligando al sindicato mayoritario a reclamar la reapertura inmediata de las negociaciones.

La respuesta de la consejera Esther Niubó no ha sido anunciar una nueva mesa negociadora ni plantear cambios sustanciales. Al contrario. Ha defendido que el Govern ya ha hecho su trabajo, ha insistido en que el preacuerdo sigue siendo válido y ha pedido una «reflexión profunda» a los sindicatos.

El choque refleja una dinámica que se ha repetido durante los últimos meses. Los docentes denuncian que el Departamento se ha limitado a presentar como suficiente un acuerdo firmado inicialmente con CCOO y UGT y posteriormente ampliado con otros sindicatos, mientras buena parte del colectivo sigue considerando que sus reivindicaciones continúan sin resolverse.

USTEC ha dejado claro que no pretende rescatar un acuerdo rechazado por las bases, sino abrir una negociación nueva. La consejeria, en cambio, insiste en que el camino ya está marcado.

Médicos

La sensación de bloqueo también se extiende por el sistema sanitario. Metges de Catalunya ha convocado una nueva jornada de huelga para el próximo 17 de junio, la duodécima de un ciclo de movilizaciones que se prolonga desde hace meses. Las posiciones entre el sindicato y el Departamento de Salud continúan alejadas y los facultativos mantienen sus denuncias sobre la sobrecarga asistencial, la falta de reconocimiento profesional y la ausencia de un marco específico de negociación.

El conflicto ha escalado hasta el punto de que centenares de profesionales se han sumado a la campaña «Ni un minut més» (Ni un minuto más), negándose a realizar actividad voluntaria fuera de la jornada ordinaria. Hasta el propio Govern ha reconocido que la medida afectará, a corto plazo, a una parte significativa de la actividad quirúrgica programada y aumentar las listas de espera.

Los médicos llevan meses acusando a la Consejería de no afrontar el problema de fondo. Salud responde que el diálogo existe, recuerda las reuniones celebradas y las inversiones realizadas en los últimos años, e incluso reprocha al sindicato haberse ausentado de algunos grupos de trabajo.

Pero el conflicto sigue abierto. Y buena parte del malestar del colectivo se ha concentrado en la figura de la consejera Olga Pané, a quien acusan de no impulsar soluciones efectivas mientras remite muchas de las reivindicaciones al debate sobre el Estatuto Marco estatal o a decisiones que corresponden al Ministerio de Sanidad.

Todo ello en un momento en el que algunas declaraciones de la propia Pané sobre las posibilidades de la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico médico han sido recibidas con indignación e incomprensión por parte de profesionales que consideran que el principal problema sigue siendo la falta de recursos humanos y la presión asistencial.

Seguridad

Si la educación y la sanidad representan dos de los grandes desafíos del Govern, la seguridad constituye probablemente el terreno donde las críticas resultan más incómodas para el relato de normalización institucional que intenta proyectar el ejecutivo catalán.

Los sindicatos de Mossos de Esquadra llevan años alertando sobre el crecimiento de la criminalidad organizada y la proliferación de armas de fuego. Una preocupación que en las últimas semanas ha vuelto a cobrar fuerza tras las denuncias realizadas por USPAC.

El sindicato asegura que Cataluña acumula ya 28 tiroteos en lo que va de año, más de uno por semana, y describe la situación como propia del «Far West». Sus representantes sostienen que el aumento de incidentes relacionados con armas de fuego no responde a episodios aislados, sino a una tendencia consolidada que las administraciones llevan demasiado tiempo ignorando.

La crítica no se dirige exclusivamente al actual Govern, es cierto. Los sindicatos policiales recuerdan que llevan años advirtiendo de este fenómeno y sitúan parte del problema durante la etapa de Joan Ignasi Elena al frente de Interior. Sin embargo, tampoco perciben cambios sustanciales desde la llegada de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat.

Reclaman más efectivos, más formación, más prácticas de tiro y una estrategia específica contra las organizaciones criminales que operan en Cataluña. Y denuncian que las respuestas institucionales siguen siendo insuficientes frente a una realidad que consideran cada vez más preocupante.

Cuando se trata de negociar apoyos parlamentarios, alcanzar acuerdos políticos o gestionar equilibrios entre partidos, Salvador Illa ha demostrado una notable capacidad para el entendimiento. Pero cuando las reivindicaciones proceden de quienes trabajan en las aulas, los hospitales o las comisarías, el Govern parece instalado en una lógica muy distinta: defender los acuerdos ya alcanzados, apelar a los marcos existentes y rechazar la necesidad de reabrir debates que los afectados consideran lejos de resolverse.

La consecuencia es que mientras la estabilidad parlamentaria parece asegurada, el malestar crece en algunos de los sectores que sostienen los principales servicios públicos de Cataluña.

Y ahí es donde empieza a surgir una pregunta incómoda para el presidente de la Generalitat: cómo es posible que el dirigente que mejor ha sabido entenderse con sus adversarios políticos siga sin encontrar la fórmula para reconciliarse con quienes cada día sostienen la educación, la sanidad y la seguridad de Cataluña.