Cataluña lidera la lista de espera de la dependencia: es cinco veces más larga que la de Madrid

Cataluña continúa siendo el principal punto negro del sistema de dependencia en España. Con 80.827 personas pendientes de una valoración o de recibir una prestación reconocida, la comunidad concentra el 30,4 % de toda la lista de espera estatal, una proporción que la sitúa muy por encima del resto de autonomías y que vuelve a poner en cuestión la capacidad de respuesta de la administración catalana ante una demanda creciente.

Los datos, recogidos por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales con cifras actualizadas a 31 de mayo, muestran que la distancia respecto a otras comunidades es notable. Andalucía, la segunda autonomía con más expedientes pendientes, acumula 49.513 personas en espera, 31.000 menos que Cataluña. La Comunidad Valenciana registra 28.808 casos y Canarias 17.457. Entre las cuatro concentran el 67 % de toda la lista de espera de España, aunque es Cataluña la que soporta el mayor peso del problema.

La situación adquiere una dimensión todavía más preocupante al analizar las consecuencias de los retrasos. Entre enero y mayo de este año fallecieron en España 13.503 personas que seguían esperando la resolución de su grado de dependencia o la aprobación de su Plan Individual de Atención (PIA). Cataluña vuelve a encabezar esta estadística con 4.342 fallecidos, casi un tercio del total estatal. La cifra duplica la registrada en Andalucía, donde murieron 2.204 personas en la misma situación, y contrasta con comunidades como Galicia, que contabilizó únicamente 34 fallecimientos.

Es cierto que la evolución de los últimos meses ofrece un dato ligeramente positivo para el Govern. Mientras la lista de espera creció un 2,7 % en España durante los cinco primeros meses de 2026, en Cataluña descendió un 1,4 %. Sin embargo, la mejora resulta insuficiente para alterar una realidad que mantiene a la comunidad a la cabeza del ranking nacional y muy lejos de los estándares que marca la ley.

Tampoco los tiempos de tramitación permiten hablar de normalización. La espera media en Cataluña se sitúa en 266 días, por debajo de la media estatal de 320, pero todavía muy por encima de los 180 días establecidos legalmente. Aunque la Generalitat ha conseguido reducir el plazo en diez días, sigue lejos de territorios que cumplen la normativa, como Castilla y León, Aragón o el País Vasco. En Ceuta, por ejemplo, el tiempo medio es de apenas 86 días.

Incremento de peticiones

La presión sobre el sistema no deja de aumentar. Cataluña cuenta actualmente con unas 253.000 personas en situación de dependencia y el número de solicitudes se ha disparado en los últimos años. Solo en 2025 se registraron 158.000 peticiones, una cifra que prácticamente duplica la de dos años atrás. El envejecimiento demográfico explica buena parte de esta tendencia: más del 19 % de la población catalana supera ya los 65 años y cada año cerca de 30.000 personas pasan a formar parte del grupo de mayores de 85 años.

En este contexto, el Govern ha anunciado nuevas medidas para intentar revertir la situación. La consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha avanzado la puesta en marcha del denominado PIA Exprés, que permitirá agilizar el acceso a determinadas prestaciones para personas que ya tienen reconocido el grado de dependencia. La iniciativa forma parte del llamado Pla Cura, con el que el ejecutivo catalán pretende simplificar trámites, digitalizar procedimientos y reducir los tiempos de espera hasta los 60 días.

Pero los anuncios llegan en un momento especialmente delicado. A la persistencia de las listas de espera se suma ahora una penalización económica. Cataluña será una de las comunidades que verá reducida la financiación estatal vinculada a la dependencia por no haber cumplido los objetivos de mejora acordados con el Gobierno. En concreto, dejará de percibir 15,5 millones de euros respecto al ejercicio anterior dentro del sistema de financiación asociado a la reducción de listas de espera, la mejora de la gestión y la calidad de la atención.

La sanción resulta especialmente significativa porque coincide con otro dato incómodo para la Generalitat. Según el último informe sobre financiación de la dependencia, Cataluña se encuentra entre las comunidades que menos invierten por habitante en este ámbito, con 247 euros anuales. La cifra queda muy lejos de los 479 euros del País Vasco, los 411 de Extremadura o los 388 de Castilla y León, territorios que presentan mejores indicadores de atención y cobertura.

Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales consideran que el sistema está entrando en una fase de ralentización tras años de mejora progresiva. La entidad atribuye la situación a la insuficiencia de recursos y a una burocracia que dificulta el acceso efectivo a los derechos reconocidos por la ley. También denuncia la desaparición de los fondos extraordinarios que el Estado aportó entre 2021 y 2023 para reducir las listas de espera.

La paradoja es evidente. Mientras el Govern impulsa una reforma para transformar el sistema de dependencia y promete reducir drásticamente los plazos, Cataluña sigue concentrando el mayor número de personas en espera de toda España, lidera el número de fallecidos antes de recibir atención y perderá financiación estatal precisamente por no haber conseguido mejorar los indicadores que justificaban esas ayudas. El desafío ya no es únicamente acelerar los expedientes, sino demostrar que las reformas anunciadas son capaces de revertir una situación que se ha cronificado durante años.