El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo
Política
El gobierno de Illa hace oídos sordos a la sentencia que avala el 25% de español: «No tiene ningún impacto»
Vox celebra la sentencia europea contra la inmersión lingüística en catalán: «Es una bofetada al separatismo»
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado este jueves la decisión de la justicia española de obligar a que al menos el 25% de las clases en las escuelas catalanas se impartan en español. El TEDH considera que esta medida no constituye una discriminación, que Cataluña es «una región bilingüe» y que «solo el castellano es lengua oficial en todo el territorio nacional».
En su resolución, el TEDH desestima la demanda que presentaron tanto la asociación nacionalista Òmnium Cultural como un grupo de padres de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona), después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligara a impartir un 25% de clases en castellano a petición de la familia de una alumna, que posteriormente sufrió acoso por este motivo.
Los padres demandantes, partidarios del modelo de inmersión lingüística en los colegios, habían llevado el caso hasta la jurisdicción europea después de agotar todas las vías en España, la última ante el Tribunal Constitucional en julio de 2025. En su decisión, adoptada por unanimidad, los magistrados consideran que no se ha producido una violación de ninguno de los artículos que habían motivado su reclamación.
«El Tribunal observa que Cataluña es una región bilingüe, donde tanto el catalán como el español gozan de igual rango como lenguas oficiales. Dado que el español es la única lengua oficial en todo el territorio nacional, incluida Cataluña, el Tribunal considera que prohibir su uso como lengua de instrucción privaría a los ciudadanos españoles de su derecho a recibir educación en la lengua nacional», señalan los jueces.
Illa no se da por aludido
La reacción del gobierno de la Generalitat, presidido por Salvador Illa, no se ha hecho esperar. Este mismo jueves, el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha asegurado que la sentencia del TEDH «no tiene ningún impacto» en el sistema educativo catalán.
Vila ha precisado en rueda de prensa que los servicios jurídicos de la Generalitat están analizando la base de la resolución, aunque ha avanzado que el tribunal con sede en Estrasburgo no ha entrado a analizar «el fondo» de la cuestión. Desde Òmnium han publicado un mensaje en X diciendo lo mismo, y recordando que el «riesgo real» contra la inmersión lingüística es la futura sentencia del Tribunal Constitucional.
El consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en una imagen reciente
Otros en la esfera nacionalista se han expresado con más contundencia. El empresario y activista independentista Santiago Espot ha tildado lo ocurrido de «golpe terrible a la lengua de la nación», mientras que el líder de Alhora, Jordi Graupera, ha lamentado que lo ocurrido «regala a la prensa y al activismo españolista toneladas de titulares que avalan la persecución del catalán en la escuela».
Vox celebra la «bofetada»
El diputado de Vox Manuel Acosta, en declaraciones a El Debate, ha celebrado la «bofetada al separatismo y a sus terminales, como Òmnium» que, a su juicio, representa la sentencia del TEDH. Para Acosta, la decisión de los jueces «confirma» lo que llevan años denunciando: primero, que la «mal llamada inmersión lingüística» es un modelo educativo «estéril», porque los alumnos catalanes han tenido la peor caída en el nivel de comprensión lectora, ciencias y matemáticas de toda España en las últimas pruebas PISA.
Y segundo, señala el diputado, que «impone un régimen liberticida y totalitario que vulnera los derechos fundamentales de las familias españolas en su propia tierra». Acosta celebra el avance, «aunque insuficiente», y que el TEDH «desmonte el dogma y el negocio nacionalista», además de dejar al descubierto «el acoso mafioso y vil» perpetrado contra la familia de Canet.
«Esta noticia nos da la razón y nos anima a seguir luchando para que cualquier familia pueda escolarizar a sus hijos en español en cualquier parte del territorio nacional; para que tanto el español como el catalán sean vehiculares en Cataluña, para que los padres puedan elegir libremente el modelo educativo que deseen para sus hijos, en igualdad de condiciones», concluye.