Reclaman a la directora de la Guardia Civil que frene el desmantelamiento del cuerpo en Cataluña

La polémica por el cierre de la base de los GEAS de la Guardia Civil en L'Estartit (Gerona) sigue escalando. Después de las protestas de ayuntamientos y asociaciones profesionales, el Partido Popular de Gerona ha llevado la reclamación hasta la Dirección General de la Guardia Civil para exigir que se revierta una decisión que considera perjudicial para la seguridad de la Costa Brava.

El presidente provincial del PP, Daniel Ruiz Pérez, ha remitido una carta a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la que solicita formalmente la revocación de la decisión y reclama reforzar, en lugar de reducir, la presencia del Instituto Armado en Cataluña.

La petición llega en un momento de creciente malestar por la desaparición de una base que llevaba casi tres décadas operando desde L'Estartit y que se había convertido en un referente para las intervenciones subacuáticas en el noreste peninsular. Interior defiende que la centralización del servicio en Barcelona permitirá optimizar recursos sin afectar a la capacidad operativa, pero tanto los ayuntamientos como las asociaciones profesionales cuestionan que esa reorganización pueda ofrecer los mismos tiempos de respuesta ante emergencias en una costa especialmente compleja.

En su escrito, Ruiz sostiene que la supresión de los GEAS supone la pérdida de un recurso «esencial» para una provincia con una intensa actividad náutica y uno de los principales destinos de buceo del Mediterráneo. El dirigente popular recuerda que la unidad ha participado durante años en rescates, búsquedas de personas desaparecidas, investigaciones judiciales y operaciones de salvamento, además de intervenir en accidentes de submarinismo y colaborar en la reciente búsqueda del menor desaparecido en la bahía de Roses.

El presidente provincial del PP considera que resulta «difícil comprender» la desaparición de una especialidad que, a su juicio, ha demostrado sobradamente su eficacia y que presta un servicio imprescindible tanto para residentes como para los millones de turistas que cada año visitan la Costa Brava.

La carta coincide con las advertencias realizadas en las últimas semanas por las asociaciones profesionales JUCIL y AUGC, que consideran que el cierre de la base forma parte de una reducción progresiva de capacidades de la Guardia Civil en Cataluña. Ambas organizaciones sostienen que el traslado de los efectivos a Barcelona incrementará los tiempos de respuesta en rescates marítimos y dificultará la presencia preventiva que los especialistas mantenían en zonas como las Illes Medes, el Cap de Creus o el litoral del Baix Empordà.

Las críticas también han llegado desde el ámbito municipal. El alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ya solicitó a la Dirección General de la Guardia Civil la paralización del cierre al considerar que la proximidad de los especialistas constituye un elemento decisivo en un litoral donde cada minuto puede resultar determinante durante una emergencia.

En este contexto, el PP aprovecha la polémica para ampliar el debate al conjunto de la presencia de la Guardia Civil en Cataluña. Ruiz afirma que la comunidad autónoma necesita «más Guardia Civil, no menos», y sostiene que la seguridad ciudadana debe quedar al margen de cualquier negociación política. Por ello, insta a la Dirección General a reconsiderar la decisión, mantener operativa la base de L'Estartit y reforzar las unidades especializadas del instituto armado en Cataluña.

La controversia permanece abierta mientras Interior mantiene que la reorganización mejorará la eficiencia del servicio. Sus detractores, sin embargo, insisten en que la verdadera medida del cambio llegará cuando se produzca la próxima emergencia en la Costa Brava y haya que comprobar si una unidad desplazada desde Barcelona puede ofrecer la misma capacidad de respuesta que durante casi treinta años proporcionó la base instalada a pie de costa en L'Estartit.