La Generalitat de Cataluña reconoce que tiene 1.200 pisos okupados

La ocupación ilegal también pasa factura al parque público de vivienda de la Generalitat. Aproximadamente uno de cada veinte pisos gestionados por la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) permanecía ocupado sin título habilitante al cierre de 2024, según reconoce el propio Govern en una respuesta parlamentaria a una pregunta de Junts. En total, la Administración autonómica contabilizaba 1.199 viviendas en esta situación, apenas seis más que un año antes.

A primera vista, el porcentaje de viviendas ocupadas desciende ligeramente, del 5,34 % al 5,12 %. Sin embargo, esa reducción responde únicamente al incremento del parque público administrado por la Generalitat, que pasó de 22.341 inmuebles en 2023 a 23.417 un año después. Es decir, el Ejecutivo dispone de más viviendas, pero el volumen de ocupaciones ilegales apenas ha variado.

La radiografía territorial confirma que el problema se concentra especialmente en el área metropolitana de Barcelona. El Barcelonès encabeza la lista con 363 viviendas ocupadas, seguido del Vallès Occidental, con 204, y el Baix Llobregat, con 98. También destacan el Maresme (73), el Gironès (66), el Vallès Oriental (65) y el Tarragonès (61), entre las comarcas con mayor número de inmuebles afectados.

La respuesta del Govern también explica cuál es el procedimiento que sigue la Generalitat ante estas situaciones. La Agencia de la Vivienda asegura que trabaja mediante protocolos de colaboración con los ayuntamientos y que corresponde a los servicios sociales municipales valorar la situación de vulnerabilidad de las personas que ocupan estos inmuebles antes de adoptar cualquier medida.

Sin embargo, la documentación remitida al Parlament deja varias cuestiones sin respuesta. El ejecutivo catalán no detalla cuántas de las 1.199 ocupaciones corresponden a familias en situación de vulnerabilidad y cuántas responden a ocupaciones sin cobertura social. Tampoco informa de cuántos procedimientos de recuperación posesoria ha iniciado, cuántas viviendas ha logrado recuperar durante el último ejercicio o cuántos expedientes permanecen aún pendientes de resolución.

Las cifras se conocen en un contexto en el que Cataluña continúa liderando la ocupación ilegal de viviendas en España. Según las estadísticas del Ministerio del Interior, durante 2025 la comunidad registró 5.913 denuncias por allanamiento y usurpación, cerca del 40 % del total nacional, pese al descenso experimentado respecto al año anterior.

El problema tampoco afecta únicamente al parque autonómico. En los últimos meses también han trascendido datos sobre inmuebles municipales ocupados en Barcelona, lo que pone de manifiesto que distintas administraciones públicas siguen teniendo parte de su parque inmobiliario fuera del circuito ordinario de adjudicación. De hecho, a esos datos de Cataluña hay que sumar 32 inmuebles y equipamientos de propiedad municipal ocupados ilegalmente.

La respuesta parlamentaria pone así de relieve que una parte significativa de las viviendas públicas de la Generalitat continúa ocupada ilegalmente. Mientras el Govern defiende la coordinación con los ayuntamientos para analizar cada caso y determinar la eventual situación de vulnerabilidad de sus ocupantes, el documento no permite conocer qué resultados está obteniendo la Administración en la recuperación de unos inmuebles destinados, en principio, a atender la demanda de vivienda protegida.