El choque educativo de la Transición crea estudiantes con pasados irreconciliables

Para un estudiante de 15 años que cursa 4.º de la ESO bajo el marco normativo de la LOMLOE, la Transición Española no es una vivencia, ni siquiera un recuerdo de segunda mano a través de sus padres. Es, fundamentalmente, una narrativa histórica abstracta. Para estos adolescentes, el periodo 1975-1982 es un territorio poblado por hombres de pelo engominado, trajes de solapas anchas y filmaciones en blanco y negro o color sepia que se perciben, a menudo, como el escenario de una película lejana.

Sin embargo, la importancia de esta lección trasciende lo puramente académico. La enseñanza de la Transición determina de manera directa cómo ese joven descodificará los debates políticos que hoy copan la actualidad. Esto es, el encaje territorial de las comunidades autónomas, la legitimidad de la monarquía, el papel de las fuerzas de seguridad y la propia validez de la Constitución de 1978. La forma en que se cuenta el pasado es, en esencia, la forma en que se justifica el presente.

Un nuevo marco normativo bajo la LOMLOE

La ley educativa actual ha intentado desplazar el relato escolar de la Transición, alejándolo del enfoque laudatorio y sin fisuras que caracterizó décadas anteriores. La LOMLOE exige un enfoque competencial crítico y con perspectiva de género, obligando a los centros a abandonar la hagiografía de las élites para integrar las sombras del periodo, como la violencia política, el papel de los movimientos vecinales, las huelgas obreras y la lucha por los derechos civiles y reproductivos de las mujeres.

El Real Decreto de enseñanzas mínimas establece competencias claras. Los alumnos deben comprender que el fin del franquismo no fue fruto exclusivo de la muerte biológica de Franco, sino de una compleja conjunción de factores internos, como la crisis económica y la presión obrera, y externos, como la Revolución de los Claveles y la presión internacional. La ley exige visibilizar la violencia ejercida por ETA, GRAPO y grupos parapoliciales, así como la represión policial en episodios como los sucesos de Vitoria. No obstante, a pesar de este mandato unificado, la ejecución curricular en las aulas sufre una fractura radical al comparar Madrid y Barcelona.

El modelo de Madrid

En la Comunidad de Madrid, la Transición es tratada como la obra cumbre de la historia contemporánea española. Un modelo de éxito exportable al mundo que demuestra la superioridad del consenso frente a la confrontación. El relato escolar aquí tiene un eje vertebrador claro, como es la vía institucional. Los manuales subrayan la genialidad jurídica de figuras como Torcuato Fernández-Miranda y Adolfo Suárez, presentando la Ley para la Reforma Política de 1976 como un hito de inteligencia política que evitó la ruptura violenta.

En este relato, la monarquía ocupa un lugar central. El rey Juan Carlos I es ensalzado como el piloto del cambio, el mediador indispensable. El intento de golpe de Estado del 23-F se enseña como el momento de consagración de la Corona como escudo protector de las libertades. Asimismo, la Ley de Amnistía de 1977 se explica bajo una luz positiva. Fue la exigencia prioritaria de la izquierda para sacar a los presos políticos de las cárceles y legalizar partidos. Se transmite al alumno que el país asumió un pacto de perdón mutuo y que cuestionar esta ley es intentar reabrir heridas o romper la concordia. La Constitución de 1978 es, en este esquema, el puerto de llegada definitivo: el café para todos como modelo simétrico y la nación como un bloque indisoluble.

El modelo de Barcelona

En los institutos de Barcelona, bajo las directrices del Departament d'Educació, la Transición pierde su halo idílico para ser analizada como una ruptura incompleta. Aquí, las figuras de la élite pasan a un plano secundario. Los verdaderos protagonistas son la Assemblea de Catalunya, el movimiento obrero y el asociacionismo vecinal.

La democracia no se percibe como una concesión de la monarquía, sino como un derecho conquistado mediante la huelga y la protesta callejera. El retorno de Josep Tarradellas se celebra como la restauración de una legitimidad histórica preexistente a la propia Constitución de 1978. Por ello, el autogobierno catalán no se entiende como una concesión del Estado, sino como una recuperación de un derecho de soberanía. En este modelo, la Ley de Amnistía de 1977 se deconstruye bajo sospecha, tildándola de pacto de impunidad que protegió a los verdugos de la dictadura. Asimismo, el Estado de las Autonomías se interpreta como una estrategia centralista, el café para todos, diseñada para diluir la personalidad nacional diferenciada de Cataluña y ahogar sus aspiraciones mediante una uniformidad impuesta bajo la sombra del miedo militar.

Espacios de memoria y pedagogía urbana

Esta divergencia se refuerza mediante los espacios de memoria. En Madrid, las visitas al Congreso permiten que los alumnos observen los impactos de bala del 23-F. El mensaje es la resiliencia de las instituciones. El entorno urbano, con sus plazas bautizadas en honor a Adolfo Suárez, transmite un mensaje de normalidad y orgullo patrio.

En Barcelona, la pedagogía urbana huye de los despachos para centrarse en la memoria obrera. La visita a la antigua Prisión Modelo, para recordar la ejecución de Salvador Puig Antich, subraya que el aparato represivo seguía matando en los estertores del régimen, generando un profundo escepticismo sobre la paz de la Transición. Los barrios como Nou Barris, con su historia de lucha vecinal, enseñan al alumno que la democracia fue, ante todo, un logro de la resistencia local frente a la desidia de un Estado central al que se percibe lejano, cuando no hostil.

Conclusión

Al finalizar la ESO, los jóvenes madrileños y catalanes cargan con visiones del mundo divergentes. El peligro del modelo madrileño es el inmovilismo. Al sacralizar la Constitución como una obra perfecta, se anestesia la capacidad del alumno para detectar déficits democráticos, interpretando cualquier crítica estructural como una agresión a la paz social.

El riesgo del modelo catalán es el desarrollo de una desafección sistemática. Al enfocar la Transición como una trampa tutelada, se fomenta un desapego absoluto hacia las instituciones compartidas, percibiendo la democracia española como una simple continuación cosmética del franquismo.

Cincuenta años después de la muerte del dictador, las pizarras siguen operando como un laboratorio ideológico silencioso. Mientras en Madrid se enseña a reverenciar el pacto constitucional como un refugio sagrado, en Barcelona se instruye a desconfiar de él como una construcción política que, desde su origen, coartó las libertades.