La Agencia Tributaria de Cataluña avanza hacia su independencia
Cataluña
La Agencia Tributaria catalana destapó 333 millones de fraude fiscal en 2025, un 13% más que el año anterior
La Generalitat atribuye el incremento a una mayor capacidad de inspección y asegura que el fraude no ha aumentado, sino que ahora se detecta con más eficacia
La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) afloró durante 2025 un total de 333 millones de euros de fraude fiscal, un 13 % más que el año anterior y la segunda cifra más elevada desde que existen registros, solo superada por los 338 millones detectados en 2021. El Govern sostiene que este aumento no responde a un incremento del fraude, sino al refuerzo de los mecanismos de control y de la capacidad inspectora de la administración tributaria.
La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha presentado el balance del Plan de Prevención y Reducción del Fraude Fiscal junto al secretario de Hacienda, Antoni Fernández. Ambos han defendido que el crecimiento de las cantidades afloradas es consecuencia directa del fortalecimiento de la Agencia Tributaria de Cataluña, tanto en medios humanos como tecnológicos.
«No es que haya más fraude; es que somos más capaces de detectarlo», resumió Romero, quien insistió en que el ejecutivo catalán continuará reforzando la estructura de la ATC para mejorar la lucha contra la economía sumergida y aumentar la recaudación.
El fraude se concentra en tres impuestos
La mayor parte del dinero descubierto corresponde a tres grandes figuras tributarias. En concreto, el 96 % del fraude detectado se concentra en los impuestos de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Las actuaciones sobre el impuesto de Sucesiones y Donaciones permitieron aflorar 136,7 millones de euros, mientras que en el impuesto sobre el Patrimonio se detectaron 101,6 millones y en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados otros 81,4 millones. El resto se reparte entre los tributos propios de la Generalitat y los impuestos sobre el juego.
En términos absolutos, la Agencia Tributaria catalana descubrió 38 millones más de fraude que en 2024 y encadena así tres años consecutivos de crecimiento en las cantidades afloradas. Desde 2015, la ATC asegura haber detectado 2.709 millones de euros en fraude fiscal.
Falsos cambios de residencia
Entre las actuaciones realizadas durante el pasado año destacan también las investigaciones sobre cambios ficticios de residencia fiscal. La Agencia practicó 24 liquidaciones por deslocalizaciones consideradas fraudulentas: 16 correspondían a contribuyentes que simulaban residir en otras comunidades autónomas y permitieron recuperar 6,5 millones de euros; otras ocho afectaban a supuestos traslados al extranjero, con una regularización de 1,2 millones.
El secretario de Hacienda, Antoni Fernández, ha recordado que la mayoría de los contribuyentes cumplen con sus obligaciones tributarias, aunque ha advertido de que el fraude sigue existiendo y requiere una administración «más tecnificada, con más recursos humanos y más herramientas tecnológicas».
La Generalitat también puso el foco en la denominada brecha fiscal, es decir, la diferencia entre los impuestos que deberían recaudarse y los que finalmente ingresan las arcas públicas. Según los cálculos del Govern, esa brecha se ha reducido de forma significativa en la última década, pasando del 21,5 % en 2014 al 11,6 % en 2022, último ejercicio del que existen estimaciones completas.
Además del refuerzo inspector, el ejecutivo catalán destacó la modernización de la Agencia Tributaria. Durante 2025 se automatizaron miles de expedientes de aplazamientos y fraccionamientos de deuda y se continuó ampliando la plantilla especializada, que cerró el ejercicio con 322 profesionales pertenecientes a los cuerpos tributarios, además de nuevas convocatorias para incorporar técnicos y gestores tributarios.
Con estos datos, la Generalitat reivindica que el fortalecimiento de la ATC está permitiendo incrementar la eficacia en la detección del fraude y mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin necesidad de modificar la presión tributaria.