Matar a Companys para proclamar la independencia de Cataluña

En noviembre de 1936, la retaguardia catalana vivió una convulsa red de conspiraciones, tensiones de poder e intrigas políticas. El episodio central fue el complot liderado por el partido Estat Català contra el gobierno republicano de la Generalitat de Cataluña encabezado por Lluís Companys y contra la hegemonía del anarcosindicalismo de la CNT-FAI, con la finalidad de cambiar el poder establecido.

Estat Català, partido nacionalista de carácter minoritario y enfrentado ideológicamente al anarcosindicalismo, buscaba desarticular la cúpula de la CNT-FAI y eliminar a Companys, a quien consideraban permisivo con los anarquistas debido a sus antiguos lazos personales y políticos. El plan teórico consistía en descabezarlos, tomar el control de las instituciones, proclamar la independencia de Cataluña y declarar su neutralidad. Sus promotores confiaban en que potencias como Francia y Gran Bretaña reconocerían Cataluña como un estado independiente de España y que forzarían a Franco a aceptar la secesión.

Como señalaría más tarde Josep Tarradellas, «personas de buena fe creyeron que había llegado la hora de que sus ideas triunfaran. La calle pensaba lo contrario de lo que pensaban estos elementos y, por consiguiente, estaban condenados al fracaso... Por ser generoso, diré que había una cierta ingenuidad. Si no contabas con la masa trabajadora, nada». Ni el Reino Unido ni Francia estaban dispuestos a respaldar un proceso independentista que amenazara la estabilidad europea ni a sentar precedentes que avivaran sus propios conflictos territoriales internos. Ante la falta de apoyos internacionales, Joan Casanovas intentó tantear una negociación con el propio general Franco, ofreciendo el reconocimiento catalán de la victoria franquista en el resto de España a cambio de mantener la autonomía. La propuesta fue ignorada.

El detonante operativo del complot se vinculó a un intento de acopio de armamento y a un confuso asunto interno. Josep Maria Xammar Sala, del Partido Nacionalista Catalán integrado en Estat Català, consiguió autorización para recoger mil fusiles procedentes de Francia depositados en la estación de Cerbère. Temiendo que estas fueran incautadas por la CNT-FAI, recurrió a Andreu Revertés Llopart, comisario general de Orden Público, nombrado en el cargo por su estrecha relación con Carmen Ballester, esposa de Companys.

El 21 de noviembre de 1936, dirigentes como Joan Torres i Picart, secretario general de Estat Català, Joan Casanovas y Andreu Revertés se reunieron para coordinar el traslado del armamento. La intención era apoyar una acción de la milicia pirenaica, movilizar a militantes y sectores descontentos de Esquerra Republicana de Catalunya y derrocar al gobierno para encarcelar o ejecutar a los líderes anarquistas y a las Patrullas de Control.

La trama se desmoronó debido a la infiltración anarquista en la policía. Dionisio Eroles Batlló, jefe de los Servicios de Orden Público de la CNT-FAI, descubrió que Revertés había emitido una orden para ejecutar a Concepción García, su madrastra, por motivos personales, haciéndola pasar por simpatizante fascista, e intentaba ordenar también el asesinato del propio Eroles y otros mandos policiales. Acorralado por el conseller de Interior, Artemi Aiguadé Miró, Revertés delató la conspiración de Estat Català para salvar la vida, acusando a los implicados de pretender asesinar a Companys y nombrar a Casanovas nuevo presidente. Aunque fue obligado a firmar una extensa declaración, fue fusilado en Calaf el 30 de noviembre de 1936 en oscuras circunstancias para silenciar su confesión.

Las detenciones e interrogatorios posteriores revelaron un clima de altísima tensión. En un careo, ante Companys y los mandos anarquistas, Joan Torres i Picart admitió su animadversión hacia los líderes anarquistas por los crímenes cometidos en la retaguardia, aunque tras sucesivos interrogatorios se rebajó la gravedad del complot, calificándolo de mera conversación informal. Esta matización sirvió para calmar los ánimos. ¿Por qué? Gran parte de las fuerzas militares de Estat Català estaban combatiendo en Madrid. Esto desmentía la logística para un golpe inminente.

Para neutralizar la crisis sin dinamitar el frente republicano, ERC y la CNT acordaron relevar a la directiva de Estat Català. Joan Cornudella Barberá asumió la secretaría general del partido y expulsó a Torres i Picart. Los principales involucrados, Casanovas, Xammar y Torres i Picart, tomaron el camino del exilio hacia Francia, con el beneplácito o la tolerancia de las autoridades, para evitar ser ejecutados. La prensa anarquista, como Solidaridad Obrera, denunció la conspiración, acusando a sus autores de traición a la causa revolucionaria.

En paralelo a la trama de Estat Català, se organizó otra conspiración política encabezada por el Partido Socialista Unificado de Cataluña. El 23 de noviembre de 1936, la dirección del PSUC impulsó una reforma de la Generalitat destinada a excluir al POUM del gobierno, aislándolo y responsabilizándolo de los males de la retaguardia. La estrategia de ERC, liderada por Companys y Tarradellas, consistió en dilatar las negociaciones para madurar una solución de compromiso, una táctica habitual del gobierno catalán durante la contienda.

La crisis estalló finalmente el 16 de diciembre de 1936 con la remodelación del gobierno. El POUM quedó excluido de la administración, culminando así la maniobra del PSUC. En la nueva repartición, el anarcosindicalismo reforzó su influencia militar con Francisco Isgleas Piarnau en la Conselleria de Defensa y Dionisio Eroles en la Jefatura de Servicios, mientras que ERC y el PSUC asumieron áreas clave de orden público y administración financiera.

A comienzos de 1937, aunque el denominado Plan Tarradellas logró articular ciertas mejoras económicas y administrativas, los enfrentamientos políticos internos no hicieron más que intensificarse. Las Patrullas de Control anarquistas se negaron a someterse a la autoridad unificada del Consejo de Seguridad Interior. Los intentos de reorganización institucional y los aplazamientos sistemáticos de la crisis por parte de Companys y Tarradellas no lograron frenar el deterioro de la convivencia entre las facciones republicanas.

Los asesinatos del militante del PSUC Roldán Cortada Dolcet y del anarcosindicalista Antonio Martín Escudero en abril de 1937 terminaron por romper el frágil equilibrio político. Toda esta acumulación de conspiraciones cruzadas, desconfianza mutua y disputas por la hegemonía entre el gobierno de la Generalitat, el PSUC, el POUM y la CNT-FAI desembocó en los sangrientos enfrentamientos armados de las Jornadas de Mayo de 1937 en las calles de Barcelona.