La Sindicatura de Cuentas afea la gestión de las «embajadas» catalanas: 3,8 millones sin gastar e irregularidades en contratos y personal

Las delegaciones de la Generalitat en el exterior, conocidas como las «embajadas» catalanas, vuelven a quedar bajo el foco de la Sindicatura de Cuentas. El órgano fiscalizador ha detectado diversas irregularidades administrativas y deficiencias de gestión en estas oficinas tras analizar su actividad durante 2024. Entre sus conclusiones, cuestiona la planificación presupuestaria, advierte de problemas en la contratación pública y en la gestión del personal y constata que la Generalitat carece de mecanismos para medir si estas delegaciones cumplen realmente los objetivos para los que fueron creadas.

Aunque la Sindicatura no aprecia indicios de responsabilidad penal, sí identifica diversos incumplimientos administrativos y formula siete recomendaciones para reforzar el control sobre unas delegaciones que el pasado ejercicio contaban con 21 oficinas en el exterior, un delegado adjunto, 70 trabajadores y un presupuesto de 18,52 millones de euros.

Uno de los datos que más llama la atención del informe es el elevado volumen de recursos que quedaron sin ejecutar. Al cierre de 2024, las delegaciones acumulaban remanentes por valor de 3,85 millones de euros, el equivalente al 29 % del presupuesto de gasto. En seis de ellas, el dinero sin utilizar superaba incluso la mitad de los fondos asignados y, en diez oficinas, ni siquiera fue necesario recurrir a remanentes de ejercicios anteriores para financiar su actividad. Para la Sindicatura, estos datos evidencian una planificación presupuestaria deficiente.

El informe también cuestiona la utilidad de las delegaciones desde el punto de vista de la evaluación pública. Según el órgano fiscalizador, no existen indicadores que permitan comprobar si cumplen los objetivos fijados ni consta el grado de ejecución de los programas anuales de trabajo previstos en la normativa.

En materia de personal, la Sindicatura advierte de que las figuras del «enviado especial» y del «jefe de oficina» carecen de una regulación específica, lo que ha permitido que cada delegado aplicara criterios distintos para designarlas. Además, las tablas retributivas no se habían actualizado desde 2019 y, en la mayoría de las delegaciones con personal contratado, no ha sido posible reconstruir cómo se fijaron los salarios. En siete casos, incluso, las nóminas revisadas no coincidían con las cantidades reflejadas en la documentación presupuestaria.

La fiscalización también detecta deficiencias en la contratación pública. El informe recoge doce facturas por importe de 108.570 euros en las que no consta que se solicitaran las tres ofertas exigidas por la normativa ni que se justificara la imposibilidad de hacerlo. Asimismo, aprecia expedientes incompletos por la ausencia de informes de aprobación del gasto o de certificaciones que acreditaran la correcta prestación de los servicios.

Entre los casos concretos analizados, la Sindicatura concluye que la Delegación ante la Unión Europea contrató los servicios de internet y comunicaciones al margen de los procedimientos previstos por la ley y formalizó el servicio de limpieza mediante un contrato menor cuando no procedía. También señala que la Delegación en Estados Unidos y Canadá asumió el coste de un billete de ida y vuelta del delegado una vez finalizado su contrato, cuando la normativa solo contemplaba sufragar el viaje de regreso a Cataluña.

Ante estas deficiencias, el órgano fiscalizador formula siete recomendaciones para reforzar el funcionamiento de las delegaciones. Entre ellas, reclama mejorar la planificación presupuestaria para ajustar los recursos a las necesidades reales, homogeneizar la política retributiva del personal destinado en el extranjero, actualizar la normativa que regula estas oficinas, reforzar los mecanismos de control interno y elaborar memorias anuales que permitan evaluar el cumplimiento efectivo de sus objetivos.

El PP exige explicaciones

Tras conocerse el informe, la portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha anunciado que solicitará la comparecencia del consejero de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, para que explique las anomalías detectadas por la Sindicatura.

Roldán ha afirmado que «los catalanes tienen derecho a saber en qué se gasta hasta el último euro de sus impuestos» y ha sostenido que el informe pone de manifiesto la falta de criterios objetivos en la gestión de estas delegaciones. Además, ha reclamado el cierre de las llamadas «embajadas» de la Generalitat y el cese de todos sus delegados. Mientras eso no ocurra, ha asegurado, el PP exigirá la fiscalización «hasta el último euro» destinado a la acción exterior del Govern.

Los populares también han recordado que ya habían registrado en el Parlament una iniciativa para reforzar la fiscalización, la transparencia y el control parlamentario de las delegaciones en el exterior, al considerar que su coste no ha dejado de aumentar sin que exista, a su juicio, una rendición de cuentas suficiente sobre su actividad y resultados.