Cataluña pagará campañas de 3.000 euros para que los alcaldes fiscalicen qué lengua usan los comerciantes

El Departamento de Política Lingüística de la Generalitat de Cataluña ha abierto una nueva convocatoria de subvenciones para promover actuaciones a nivel municipal que «contribuyan a incrementar el uso efectivo del catalán en el ámbito local», según destacan en un comunicado. El plazo para presentar las solicitudes empieza el martes 18 de agosto y acaba el 29 de octubre.

Según destacan desde el gobierno autonómico, estas ayudas pretenden dar «apoyo» a los ayuntamientos y entes locales para desplegar iniciativas que fomenten «el aprendizaje, el uso social y la presencia» del catalán entre la ciudadanía. La convocatoria prevé varias modalidades de actuación, y se puede subvencionar hasta el 100 % del coste de los proyectos.

Entre estas modalidades –que incluyen, por ejemplo, partidas de 2.400 euros para organizar ciclos de cine en catalán o de 1.000 euros para contratar talleres de «buenas prácticas lingüísticas»– destaca la previsión de aportar hasta 3.000 euros para la «elaboración de estudios sobre usos lingüísticos de la población o del sector comercial y de la restauración».

Dicho de otra manera, la Generalitat ofrece a los gobiernos municipales recursos para que lleven a cabo informes que fiscalicen qué idioma se usa en los negocios locales. Además, también se prevé la posibilidad de aportar hasta 5.000 euros para realizar «campañas de impulso del catalán en el comercio y la restauración».

Multas lingüísticas

La ‘cara B’ de estas acciones, que se da por sobreentendida, es la amenaza de sanción que planea sobre los negocios que no rotulen o atiendan en catalán. El año pasado, el ejecutivo autonómico liderado por Salvador Illa batió el récord histórico de multas lingüísticas: en 2025 la ACC impuso un total de 486 sanciones por «vulneración de derechos lingüísticos», sumando un importe total de 715.284 euros, la cifra más alta desde la creación de este organismo, en el año 2004.

La Generalitat, que no ha especificado la cantidad total que destinará a estas ayudas, enmarca la convocatoria en los planes locales de política lingüística y en documentos como la Guía para la elaboración de planes locales de impulso al catalán, presentada hace unos meses, en la que –por ejemplo– se insta a los ayuntamientos a «priorizar a las empresas proveedoras de servicios que etiqueten en catalán», con el objetivo de «incrementar el uso del catalán en las comunicaciones externas».

En este sentido, se reclama a los gobiernos municipales que cuantifiquen qué tanto por ciento de compañías contratadas etiquetan en este idioma, y aseguren un mínimo cada año. En la guía también se pide a los ayuntamientos que incluyan «cláusulas lingüísticas» en los contratos y pliegos de contratación y licitación de servicios, y que impartan «sesiones de sensibilización» sobre dichas cláusulas a los prestadores de servicios, entre otras medidas.

La guía, muy detallada y profusa en recomendaciones y pautas, también incluye otras indicaciones hostiles al español, como «introducir una mirada lingüística en las convocatorias de ayudas y subvenciones» o realizar «recogidas de datos» sobre el «paisaje lingüístico» o la presencia del catalán en establecimientos, comercios, empresas y servicios del municipio.