La consejera de Educación, Esther Niubó, durante una comparecencia en el Parlament
Illa intenta tapar el escándalo de las PISA con una dimisión pero la oposición exige la cabeza de la consejera
El Govern cesa a la secretaria general de Educación y abre tres expedientes disciplinarios, pero Junts, ERC y la CUP consideran que Niubó debe asumir la responsabilidad política
La crisis de las pruebas PISA se ha cobrado este lunes su primera víctima política en el Govern de Salvador Illa. La consejera de Educación, Esther Niubó, ha anunciado el relevo de la secretaria general del departamento, Teresa Sambola, y la apertura de tres expedientes disciplinarios por los errores que dejaron a Cataluña sin resultados comparables en la evaluación internacional. Un movimiento con el que el ejecutivo pretende pasar página, pero que la oposición considera claramente insuficiente.
El problema para Niubó es que la investigación interna no apunta únicamente a un fallo puntual. Las diligencias han detectado errores de interpretación, supervisión y transmisión de información que se prolongaron durante meses y que acabaron afectando a la propia validez de la muestra catalana.
La cifra explica la dimensión del problema: de los 2.545 alumnos seleccionados en 51 centros, 591 fueron excluidos de las pruebas, más del 23%. El límite que establece la OCDE es del 5%. Y solo cinco de los 51 centros respetaron esa tasa.
Pero lo más comprometedor para el departamento es la cronología. La información trasladada inicialmente a los centros era correcta, pero incompleta: no especificaba ese límite del 5%. Y cuando el organismo estatal de evaluación detectó que las exclusiones se estaban disparando, tampoco se corrigió el problema a tiempo.
El primer aviso llegó en abril de 2025. Después hubo hasta siete comunicaciones más alertando de la situación. Todavía había centros pendientes de realizar las pruebas y, por tanto, margen para corregirla. No se hizo. En junio, la situación ya era irreversible: solo cinco centros cumplían con la tasa de exclusión recomendada y Catalunya quedaba fuera de los resultados comparables de PISA.
La consejera sostiene que la responsabilidad es del departamento y ha evitado cargar directamente contra los equipos directivos de los centros. Pero, al mismo tiempo, ha optado por el relevo de Sambola y por abrir tres expedientes a personas que trabajaban en el organismo encargado de la evaluación educativa. Dos son funcionarios y el tercero, un alto cargo. Los tres han dejado ya esos puestos.
La oposición quiere más
El Govern presenta estos movimientos como el inicio de una nueva etapa. La oposición, en cambio, los interpreta como un intento de cerrar una crisis que consideran demasiado importante como para resolverla con cambios internos.
Junts ha pedido la comparecencia urgente de Niubó en el Parlament para conocer todos los detalles del expediente y depurar responsabilidades. ERC también considera que el relevo no resuelve el problema y reclama ir más allá de las responsabilidades administrativas. Y la CUP directamente acusa a la consejera de escudarse en sus subordinados y exige que Illa la cese si no dimite.
Los Comunes, por su parte, sitúan el caso PISA dentro de un problema más amplio de gestión educativa y reclaman un acuerdo con toda la comunidad educativa.
El PSC, evidentemente, es el único partido que ha cerrado filas con Niubó. Los socialistas defienden que la consejera ha actuado con responsabilidad y que el relevo llega después de una investigación que ha permitido identificar fallos concretos. Pero también admiten que el cambio en la cúpula es solo un primer paso para corregir las deficiencias acumuladas.
Y aquí está la clave política de la crisis: el Govern intenta presentar el caso como un problema de funcionamiento que ya está siendo corregido; la oposición quiere convertirlo en un problema de responsabilidad política que debe llegar hasta la consejera.
Niubó afronta, además, una semana especialmente complicada. Mientras intenta gestionar las consecuencias del fiasco de PISA, mantiene abierto el conflicto con los sindicatos educativos y una huelga convocada para el primer día de curso. La consejera llega así al arranque de las clases con dos frentes abiertos: uno laboral, con los profesores, y otro político, con una oposición que ya cuestiona abiertamente su continuidad.
