Illa activa su gran debate educativo tras el fiasco de PISA y un curso marcado por las huelgas

El gobierno de Salvador Illa ha puesto fecha y estructura al gran debate sobre el modelo educativo catalán que el presidente de la Generalitat había anunciado días atrás. Illa ha encargado formalmente este lunes al Consejo de Educación de Cataluña (CEC) que organice y lidere el proceso, que arrancará este mes y que pretende llegar a abril de 2027 con propuestas concretas para afrontar los problemas del sistema educativo catalán.

La iniciativa toma forma después de un curso especialmente conflictivo, con huelgas y movilizaciones de los docentes, y después del fiasco de las pruebas PISA, que ha vuelto a poner el rendimiento de los alumnos catalanes bajo el foco. Cataluña no ha podido disponer de resultados comparables en PISA 2025 después de que un 23,2% de los alumnos seleccionados quedaran excluidos de la muestra, muy por encima del límite establecido por la OCDE.

El Govern quiere ahora abrir una reflexión sobre el modelo educativo dos décadas después del Pacto Nacional por la Educación y diez años después del decreto de la escuela inclusiva. La consejera de Educación, Esther Niubó, ha defendido que desde entonces se han producido importantes cambios sociales, demográficos y tecnológicos y que el sistema necesita nuevos consensos y «estabilidad» para avanzar hacia la excelencia.

El proceso será amplio. El pleno del Consejo de Educación, formado por 75 representantes de la comunidad educativa y del mundo local, empezará esta semana a concretar los cinco o seis grandes ámbitos que centrarán el debate. Cada uno tendrá un grupo de trabajo formado por entre 50 y 100 personas o entidades. Participarán docentes, familias, alumnos, expertos, representantes locales, partidos políticos e incluso especialistas extranjeros. También está prevista la participación de antiguos consejeros de Educación.

La intención es que durante octubre y noviembre se desarrolle una primera fase de escucha. Después, entre diciembre y febrero, llegará la deliberación sobre las propuestas recibidas y, finalmente, entre marzo y abril, la fase de conclusiones.

El presidente del CEC, Joan Manuel del Pozo, quiere que el proceso se desarrolle de forma «serena», «de buena fe y honesta» y evitando la polarización. También pretende que el debate se territorialice y llegue a diferentes puntos de Cataluña, no solo a Barcelona.

Entre quienes tendrán que buscar un espacio en este proceso están los miembros de la Asamblea Educativa de Cataluña, una plataforma que ha tenido un papel activo durante las movilizaciones del último curso. Del Pozo ha admitido que sus integrantes previsiblemente participarán a título individual, y no como organización, al no disponer de representación formal en el Consejo.

El debate tendrá además uno de sus principales focos en la escuela inclusiva. Diez años después del decreto que estableció este modelo, Niubó considera que es un buen momento para analizar qué está funcionando y qué no y poner al alumno en el centro. Del Pozo ha defendido mantener el principio de inclusión, aunque ha reconocido que debe «aplicarse bien» para que sea equitativo para todos los afectados.

Antes de las municipales

El calendario está pensado para que las conclusiones lleguen en abril, antes de las elecciones municipales de 2027. El objetivo declarado es evitar que el debate pueda utilizarse como arma electoral. Sin embargo, queda por resolver una cuestión esencial: qué ocurrirá con esas conclusiones una vez finalice el proceso.

Niubó no ha concretado todavía cómo llegarán las propuestas al Consejo Ejecutivo de la Generalitat o al Parlament. El Govern apuesta así por abrir una gran conversación sobre el futuro de la educación catalana, pero el verdadero alcance del proceso dependerá de si las propuestas que salgan de esos meses de escucha y deliberación terminan convirtiéndose en decisiones políticas.

El reto llega, además, en un momento en el que el sistema necesita recuperar la confianza de sus propios profesionales y de las familias. Precisamente esa confianza es uno de los objetivos que Niubó ha situado en el centro del debate. Después de un curso de huelgas, protestas y del episodio de PISA, la Generalitat tendrá ahora varios meses para intentar convertir el diagnóstico compartido en medidas concretas.