El PP denuncia que Orriols señala a los comercios que rotulan en castellano y Collboni sanciona

El Ayuntamiento de Barcelona ha empezado a inspeccionar los comercios de la ciudad para comprobar si cumplen la obligación de rotular en catalán y abre la puerta a sancionarlos con hasta 10.000 euros. Los primeros controles se están realizando en la Rambla, después de años en los que la inspección municipal no había actuado contra este tipo de incumplimientos.

La decisión llega después de que Aliança Catalana asegurara en julio que había presentado más de 2.000 denuncias contra establecimientos de Barcelona por no rotular en catalán y reclamara al Ayuntamiento que inspeccionara y sancionara a los negocios.

El presidente del grupo municipal del PP, Daniel Sirera, considera que existe una conexión evidente entre ambos movimientos y acusa a Jaume Collboni de haber cambiado de posición. «Orriols señala a los comercios que rotulan en castellano y Collboni los sanciona», ha denunciado.

Sirera recuerda que hace unas semanas el alcalde defendía una política basada en informar y sensibilizar a los comerciantes, mientras que ahora el Ayuntamiento ha puesto en marcha inspecciones que pueden acabar en expedientes y multas. Para el dirigente popular, el resultado es que una formación presenta miles de denuncias y reclama sanciones y el Gobierno municipal acaba activando los mecanismos para aplicarlas.

La actuación municipal supone, en cualquier caso, un giro respecto a lo ocurrido hasta ahora en Barcelona. El propio Ayuntamiento ha reconocido que sus inspectores no habían examinado ni sancionado hasta ahora los incumplimientos de la normativa lingüística en comercios y establecimientos de hostelería.

Los primeros controles se concentran en la Rambla y no consisten únicamente en una campaña para informar a los comerciantes. El Ayuntamiento ha confirmado que se trata de inspecciones y que, cuando se detecte un incumplimiento, se abrirá un expediente que podrá terminar en sanción una vez resueltas las alegaciones.

Hay que tener en cuenta que el Código de Consumo de Cataluña establece determinadas obligaciones lingüísticas para los establecimientos comerciales. En el caso de las infracciones leves relacionadas con los derechos lingüísticos de los consumidores, las multas pueden alcanzar los 10.000 euros.

Lo que cambia ahora es que Barcelona incorpora estas comprobaciones a su propia actividad inspectora. El Ayuntamiento prevé que a partir de 2027 formen parte de los controles rutinarios que realizan sus inspectores en los establecimientos de la ciudad.

Sirera considera que el Ayuntamiento debería abordar el aumento del catalán en los comercios de otra manera. El PP no cuestiona que se fomente su uso, pero rechaza que se haga mediante sanciones y propone ayudas para que los negocios incorporen el catalán.

Entre las medidas que plantea están la traducción gratuita de cartas, menús, páginas web y material comercial, ayudas económicas para modificar rótulos y formación lingüística para comerciantes y empleados.

«Un comercio que rotula únicamente en castellano no es un enemigo de Barcelona», ha defendido Sirera, que sostiene que el Ayuntamiento debería ayudar a los establecimientos en lugar de «señalar y castigar».

La posición del PP coincide en parte con las cautelas expresadas por las entidades comerciales. El sector considera que la administración debe comprobar el cumplimiento de la normativa, pero algunas organizaciones han reclamado que antes de comenzar a abrir expedientes se realizara una campaña informativa para que los comerciantes conocieran las obligaciones y pudieran corregir posibles incumplimientos.