El Gobierno de Illa abre dos grupos de trabajo para pactar el futuro de la educación, pero blinda la inmersión lingüística

El gobierno de Salvador Illa y los grupos parlamentarios han acordado abrir dos grupos de trabajo para intentar avanzar hacia un pacto educativo en Cataluña. La iniciativa pretende abordar desde la financiación del sistema hasta las reformas necesarias para mejorar los resultados académicos, pero el acuerdo nace con una cuestión fuera de la negociación: el modelo lingüístico de la escuela catalana.

La consejera de Educación, Esther Niubó, ha explicado tras la reunión mantenida este viernes en el Palacio de la Generalitat, que uno de los grupos se encargará de trabajar en el calendario para alcanzar el compromiso de destinar el 6% del PIB a educación. En este espacio participarán los grupos parlamentarios y los departamentos de Educación y Economía.

Niubó ha reconocido que llegar a ese porcentaje difícilmente será posible durante una sola legislatura y ha planteado establecer una senda progresiva. El objetivo, según ha explicado, es que el compromiso tenga continuidad más allá de los ciclos electorales.

El segundo grupo estará vinculado al debate que liderará el Consejo de Educación de Cataluña, presidido por Joan Manuel del Pozo. Cada grupo parlamentario designará un representante para seguir el proceso y trasladar sus propuestas. El debate se desarrollará durante los próximos meses y está previsto que las conclusiones lleguen en abril.

Sobre la mesa hay cuestiones como la actualización del modelo de escuela inclusiva, la formación y la carrera docente, la autonomía de los centros, la dirección escolar, el uso de las nuevas tecnologías y el refuerzo de los aprendizajes.

Pero el modelo lingüístico marca una línea roja para el ejecutivo catalán. Niubó ha admitido que existen formaciones, en referencia principalmente al Partido Popular, que mantienen posiciones diferentes sobre esta cuestión, pero ha situado la inmersión lingüística solo en catalán entre los aspectos que no están sujetos a negociación.

Críticas de los grupos

La posición del Govern contrasta con la del PP, que ha anunciado que acudirá a las primeras reuniones de los nuevos grupos de trabajo, pero reclama que se pueda debatir también el modelo lingüístico. La portavoz del PPC en el Parlament, Lorena Roldán, ha rechazado que el proceso pueda convertirse en una operación destinada únicamente a repartir responsabilidades por la situación de la educación catalana.

Los populares han planteado que el debate incluya lo que consideran una «imposición ideológica» del catalán en las aulas y han reclamado un cambio de modelo. De este modo, la cuestión lingüística amenaza con convertirse en uno de los principales puntos de fricción del proceso de negociación.

La reunión tampoco ha servido para cerrar un diagnóstico compartido entre todas las formaciones. Junts ha considerado la cumbre poco concreta, ERC ha reclamado un «contrato de país» estable y los Comunes han defendido fijar un calendario ambicioso para incrementar la inversión educativa, además de reducir las ratios.

La CUP ha pedido que el proceso no quede circunscrito al ámbito político y que el Gobierno escuche directamente a los diferentes actores de la escuela pública.

Niubó ha defendido que el debate impulsado por el Consejo de Educación no sustituirá al diálogo social con los sindicatos y ha anunciado una próxima reunión de la mesa sectorial. El ejecutivo catalán, por tanto, pretende avanzar simultáneamente en la búsqueda de un pacto político y en las medidas educativas que ya tiene en marcha.