Los sindicatos de inquilinos cortan Barcelona para presionar a Sánchez en la víspera de su decreto de vivienda

Barcelona ha amanecido este lunes con cortes de tráfico. Desde las 7.50 horas, los sindicatos de vivienda han bloqueado varias calles de la capital catalana. Así ha arrancado la jornada de presión contra Pedro Sánchez convocada por el Sindicat de Llogateres. El objetivo es forzar al Gobierno a incluir en el decreto de vivienda del Consejo de Ministros de mañana el paquete que el colectivo llama «decreto Maricarmen». El nombre recuerda a la mujer de 87 años desahuciada la semana pasada en el barrio madrileño del Retiro. Las movilizaciones terminarán a las 19.00 horas con una concentración ante el Palau de Congressos de Cataluña, donde el presidente encabezará la entrega de los Premios La Vanguardia.

Los cortes más importantes han afectado a la avenida Meridiana, en la entrada de la ciudad, y a la calle Creu Coberta, en Hostafrancs. Una columna de manifestantes ha bajado por Còrsega y Pau Claris hasta la Diagonal. Allí, el sindicato tenía prevista una acción sorpresa en la estación de metro. La organización ya había anunciado acciones en el entorno del Hipercor de la Meridiana, la plaza de Sants y las calles Sant Agustí y Tarragona, con una consigna expresa: «colapsar» la ciudad.

La amenaza de huelga general

El portavoz del sindicato, Enric Aragonès, ha subido el tono en declaraciones a TV3 durante la concentración de primera hora. No descarta una huelga general por la vivienda y los derechos laborales «si las cosas no cambian». Ha explicado que el colectivo está «en conversaciones» con los sindicatos laborales y ha exigido a Sánchez que mañana no presente un decreto que, a su juicio, sería una «farsa».

Sus peticiones son tres: la renovación automática de los contratos de alquiler, la congelación del precio mientras dure el contrato y un mecanismo estructural para suspender los desahucios de personas vulnerables. El sindicato añade una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para limitar el uso fraudulento de los contratos de temporada. Su otra portavoz, Carme Arcarazo, ha dejado clara la actitud del colectivo: «No nos tragaremos migajas». También calificó de «inimaginable» que un Gobierno que se define como progresista no haya aprobado en cuatro años ninguna medida de vivienda.

En Barcelona, el sindicato ha decidido no repetir la acampada que otras organizaciones de vivienda mantienen en la Puerta del Sol de Madrid. Prefiere concentrar sus fuerzas en la visita del presidente.

La presión de la calle llega en un momento delicado para La Moncloa. El Ministerio de Isabel Rodríguez prevé llevar mañana al Consejo de Ministros el decreto prometido para finales de julio. Su medida principal es una prórroga automática de hasta dos años para los alquileres que venzan antes de junio de 2028. También sube del 10 % al 21 % el IVA de los pisos turísticos y endurece las sanciones sobre el alquiler de temporada. Después, el Congreso tendrá un mes para convalidarlo.

El problema es de apoyos. En abril, el Congreso ya ha tumbado una prórroga similar con los votos en contra de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV, que ha alegado falta de seguridad jurídica. Ahora Junts ha puesto condiciones para apoyar el nuevo texto: que la prórroga beneficie solo a inquilinos al corriente de pago y que el propietario pueda recuperar la vivienda si la necesita. Además, reclama deducciones fiscales para la compra y el alquiler. Si el texto se inclina hacia ese lado, Podemos, que ya lo tacha de «parche», podría retirar su apoyo.

La tensión también se nota dentro del Consejo de Ministros. El ministro Félix Bolaños ha rechazado la propuesta de Sumar de expropiar la vivienda de Maricarmen. Considera que esa fórmula no tiene «encaje claro en la Constitución» y ha pedido «altura de miras» a los grupos.