«Los malos han perdido el miedo»: la AUGC alerta de la violencia contra los policías tras el tiroteo de Terrassa

Dos guardias civiles heridos por arma de fuego y tres detenidos. Es el balance, todavía provisional, del tiroteo ocurrido el jueves por la noche en el barrio de Can Parellada de Terrassa (Barcelona). Los agentes, que trabajaban de paisano, seguían a un grupo de presuntos ‘teloneros’ cuando fueron atacados. Uno recibió cuatro impactos de bala y el otro, uno. Ambos continúan ingresados, aunque fuera de peligro. Los Mossos buscan además a un cuarto implicado

El episodio deja una imagen especialmente difícil de digerir: agentes de paisano siguiendo a unos sospechosos por la AP-7, una persecución que termina en las calles de Terrassa y una lluvia de disparos contra los policías. Uno de los guardias resultó herido de gravedad y, como se puede ver en las imágenes de los hechos que se han difundido, cuando estaba en el suelo llegó a ser golpeado con un palo.

Para la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), sin embargo, lo ocurrido no debe quedarse en un suceso aislado. Su portavoz en Cataluña, Alfonso Merino, considera que el tiroteo es el último episodio de una escalada de violencia que está dificultando cada vez más el trabajo policial.

«La situación comienza a ser muy preocupante», advierte Merino. A su juicio, los agentes han perdido parte del principio de autoridad y algunos delincuentes actúan con una mayor sensación de impunidad.

Su diagnóstico es especialmente crítico con la protección jurídica de los policías. Merino sostiene que los agentes pueden llegar a dudar a la hora de utilizar sus armas porque saben que después tendrán que responder por su actuación ante los tribunales y dentro de sus propios cuerpos.

En el caso de Terrassa, destaca además que los guardias se enfrentaron a una situación extrema: los sospechosos comenzaron a disparar y los agentes tuvieron que responder con sus armas reglamentarias. Para la AUGC, el episodio demuestra hasta qué punto puede resultar peligroso que un agente tenga que valorar en segundos si utiliza su arma mientras está siendo atacado.

«Los malos han visto que las penas por disparar a un policía son menores y están totalmente envalentonados», sostiene Merino.

La asociación reclama por ello una revisión de la respuesta penal ante fenómenos como la multirreincidencia y el uso de armas de fuego. Merino considera que no basta con detener a los autores si posteriormente las consecuencias penales no son suficientemente disuasorias.

La reivindicación coincide además con una preocupación expresada por el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, que ha alertado de la extensión de las armas entre bandas y grupos organizados y ha planteado si la respuesta penal ante su tenencia es suficientemente contundente.

No es exactamente el mismo diagnóstico, pero ambas intervenciones sitúan sobre la mesa una cuestión común: qué respuesta debe dar el Estado ante la presencia creciente de armas en determinados ámbitos delictivos y ante la violencia contra los agentes.

En Terrassa, los hechos comenzaron cuando los dos guardias civiles detectaron un vehículo sospechoso en el área de servicio de la Puerta de Barcelona, en la AP-7. Al intentar identificar a sus ocupantes, estos huyeron e intentaron atropellar a los agentes. El seguimiento terminó en Can Parellada, donde los sospechosos abrieron fuego. Tres personas han sido detenidas y la investigación continúa abierta.

Los tres detenidos tienen entre 25 y 45 años y pertenecen al mismo clan familiar. Son, además, personas conocidas por la policía autonómica por intervenciones anteriores y algunos de sus miembros acumulan antecedentes relacionados con el narcotráfico. Las pesquisas apuntan también a una posible relación de los detenidos con el tiroteo ocurrido en Llagostera en 2025.

Para Merino, el problema va más allá de identificar y detener a los autores de este episodio. Reclama que los agentes dispongan de respaldo jurídico y operativo suficiente para intervenir sin que el miedo a las consecuencias posteriores condicione su actuación. «Las actuaciones de la Guardia Civil y de la Policía tienen que estar protegidas por el Estado», sostiene.

La AUGC reclama así que el caso de Terrassa sirva para abrir un debate sobre la seguridad de quienes se enfrentan diariamente a situaciones de riesgo. Porque el jueves por la noche fueron dos guardias civiles. Pero, para esta asociación, detrás de los disparos hay una cuestión mucho más amplia: hasta dónde ha llegado la violencia contra los agentes y si las herramientas legales y el respaldo institucional están respondiendo a esa realidad.