Una doctora, investigada por exigir presuntamente a un paciente que hablara en castellano en Barcelona

La utilización del catalán en una consulta médica ha acabado en los tribunales. Una doctora de una clínica privada de Esplugues de Llobregat tendrá que declarar como investigada el próximo 1 de diciembre por presuntamente negarse a atender a un paciente que se dirigía a ella en catalán. El caso ha reabierto el debate sobre los conflictos lingüísticos en Cataluña y sobre las consecuencias que puede tener trasladar las disputas en torno a las lenguas oficiales a un ámbito tan sensible como la asistencia sanitaria.

La causa penal llega después de que la Audiencia Provincial de Barcelona ordenara reabrir unas diligencias que habían sido archivadas inicialmente. Los magistrados revocaron por unanimidad el sobreseimiento al considerar que se había acordado de forma prematura y sin la motivación suficiente para descartar una posible infracción penal. La decisión se adoptó pese a la oposición de la Fiscalía y obliga ahora a tomar declaración tanto al paciente como a la facultativa.

Los hechos se remontan al 2 de junio de 2025, cuando un paciente acudió al servicio de Urgencias de la clínica por una lesión en el hombro. Según la denuncia, la doctora le habría advertido: «Si no me hablas en español, no te atenderé». Él sostiene que únicamente pretendía expresarse en catalán y que nunca exigió a la profesional que le contestara en esa misma lengua. De hecho, habría propuesto que lo atendiera otro facultativo si no comprendía sus explicaciones.

La situación, siempre según la versión del denunciante, terminó requiriendo la intervención de su padre, que tuvo que dirigirse a la doctora en castellano para que pudiera realizarse la exploración. Así, una consulta por una lesión física acabó condicionada por una disputa sobre la lengua utilizada entre el paciente y la profesional sanitaria.

La denuncia se presentó con el respaldo jurídico de Acció Cassandra. Tras el archivo inicial, la acusación particular recurrió ante la Audiencia Provincial, que consideró necesario continuar la investigación y escuchar a los implicados antes de cerrar definitivamente el procedimiento. Ahora, la facultativa deberá responder ante el juez por unos hechos que la acusación considera susceptibles de constituir delitos contra la integridad moral, de odio o de denegación discriminatoria de una prestación.

Un precedente

Acció Cassandra ha celebrado la reapertura de la investigación y sostiene que la citación supone un precedente en la persecución penal de los conflictos lingüísticos en el ámbito sanitario. Su representante, Lluís Gibert, asegura que se trata del «primer caso conocido en que un profesional médico es citado judicialmente como investigado en una causa penal por haber presuntamente condicionado la asistencia al hecho de que el paciente dejara de hablar catalán».

La asociación considera que el episodio no debe limitarse a una reclamación administrativa por derechos lingüísticos y sostiene que podría existir un trato discriminatorio hacia un paciente en una situación de vulnerabilidad. La investigación deberá determinar si la conducta denunciada tiene relevancia penal y si se produjo realmente la negativa o el condicionamiento de la asistencia que sostiene el afectado.

El próximo 1 de diciembre, tanto el paciente como la facultativa ofrecerán sus respectivas versiones ante el juez. Será entonces cuando la investigación avance en el esclarecimiento de un episodio que vuelve a situar las tensiones lingüísticas de Cataluña en un escenario especialmente delicado: el de la atención sanitaria. La condición de investigada no supone una condena ni acredita por sí misma los hechos denunciados.