El conseller de Presidencia, Albert Dalmau; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Economía y Hacienda, Alícia Romero

El conseller de Presidencia, Albert Dalmau; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Economía y Hacienda, Alícia RomeroEuropa Press

Todas las comunidades rebajarán la fiscalidad en 2027 mientras Cataluña seguirá aumentando los impuestos

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ha publicado su informe anual de evolución de la presión fiscal de las comunidades autónomas y ha constatado que todas las regiones que han facilitado datos rebajarán en 2027 la carga fiscal en IRPF, sucesiones y otros tributos de su competencia. Sin embargo, Cataluña será la única que los seguirá aumentando.

Los datos, que Murcia (PP) y Asturias (PSOE) no han facilitado, señalan que el próximo año los catalanes pagarán 122 millones al fisco autonómico mientras que, por ejemplo, los madrileños tendrán rebajas que alcanzan los 118 millones.

Los más beneficiados por las rebajas fiscales serán los ciudadanos de la Comunidad Valenciana con una rebaja de su factura fiscal de 641 millones. A pesar de esta reducción, la comunidad levantina sigue teniendo uno de los IRPF más elevados del país en su tramo autonómico.

La segunda comunidad con mayores rebajas es Andalucía, con una reducción de la carga fiscal de 280 millones y la tercera, Madrid, con 118 millones. Los dos primeros presupuestos han sido aprobados por acuerdo entre el PP y VOX.

En cuarta posición está Galicia con una reducción de 63 millones. Cerca de la comunidad galaica está Castila y León con una reducción de 62. Extremadura rebajará sus impuestos en 2027 en 48 millones, Aragón en 30, Canarias en 14 y Baleares en 12,5.

Incluso Castilla La Mancha, gobernada por el socialista Garcia Page, se une a las rebajas fiscales con una reducción de 10 millones. Cierran la lista de comunidades que aligeran la presión sobre personas y empresas de su comunidad La Rioja con una reducción de 8,4 millones y Cantabria con 4.

Solo Cataluña sigue incrementando la presión fiscal a sus habitantes y sociedades con una nada desdeñable nueva vuelta de tuerca de 122 millones. Para Josep Bou, presidente de Empresaris de Cataluña: «Estos datos están detrás de la imparable hemorragia de empresas que optan por irse a otras comunidades. Es preciso ajustar los gastos de la administración a lo que la gente puede hacer frente. Los catalanes tenemos una administración atrofiada que no nos podemos permitir». La consejera de economía de la Generalitat, en cambio, sostiene que «las empresas eligen su ubicación por la posibilidad de atraer talento, no por la fiscalidad».

El conjunto de CC.AA (excepto Cataluña) han aplicado una rebaja de 1.150 millones en aquellos impuestos cedidos o propios. Gran parte de esta rebaja se centra en retoques de decimales del tramo autonómico del IRPF y en exenciones o bonificaciones. Según la AIREF las rebajas aprobadas en los presupuestos de 2027 suponen reducciones de recaudación de 2.300 millones hasta 2031 con un impacto más elevado en 2028.

Tanto la Comunidad Valenciana como Andalucía han rebajado el tipo del impuesto de la renta en los perceptores de salarios más bajos y también han reducido el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentos. Por su pate Marid ha ampliado la exención de sucesiones a segundos niveles de relación familiar.

En el caso de Cataluña, el aumento de los ingresos procede del incremento del 100 % de los impuestos sobre apartamentos turísticos, la revisión al alza del canon del agua -un recargo sobre el consumo de agua que pagan todas las familias- y el fin de las ayudas al transporte.

Desde la Generalitat se acusa a las comunidades que aplican rebajas de dumping fiscal pero su discurso se cae por la contradicción que supone criticar a las regiones que aplican políticas fiscales dentro de los márgenes que les permite la ley mientras la propia Generalitat exige que se le cree un marco fiscal propio en el que además solo contribuiría a la caja común por un máximo de lo recibiera en inversiones.

El acuerdo de financiación, la condonación de un tercio de la deuda del FLA y el desarrollo de la agencia tributaria catalana pactada por el PSOE con ERC y Junts a cambio de la investidura de Pedro Sánchez en verano en 2023 ha quedado en suspenso pro la convocatoria electoral y el desarrollo de estos acuerdos incumplidos por Sánchez se convertirá en el primer caballo de batalla entre la Generalitat socialista y sus socios separatistas frente al nuevo gobierno tanto si, como apuntan las encuestas, hay cambio de gobierno como si no. La diferencia radicará en que si Feijóo asume la presidencia el nivel de reivindicación y protesta de la Generalitat será con un tono mucho más elevado de los que ha sido ante Sánchez.

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