El rechazo de Colau al Hermitage anulado por la Justicia le puede costar a los barceloneses 141 millones

El varapalo judicial a la enésima decisión de Ada Colau le puede costar caro a los barceloneses, hasta 141 millones de euros. Es la reclamación que hicieron los promotores del museo Hermitage Barcelona y que presentaron al propio Ayuntamiento, como indemnización por los daños y perjuicios causados por «la imposibilidad de implantar el museo» en la ciudad. Se referían a la decisión del Ayuntamiento de Barcelona, encabezado entonces por Ada Colau, de impedir, de vetar, su ejecución.

Ahora, recordemos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado nulo ese veto. La sección quinta de lo contencioso-administrativo asegura que la ley no permite al Ayuntamiento decidir qué museo puede instalarse en un determinado lugar, una vez el planeamiento se lo permite. La sentencia estima, de esta forma, el recurso de los promotores del proyecto y revoca la decisión del juzgado de lo contencioso número 4 de Barcelona que daba la razón al Ayuntamiento.

La reclamación se presentó por la vía administrativa y aún no hay una respuesta al respecto, pero esta resolución del TSJC le puede poner las cosas más fáciles a las empresas que impulsaron el Hermitage Barcelona. De esos 141 millones, 5,5 aproximadamente se piden por los gastos que ha supuesto para los promotores desarrollar el proyecto y el resto, por el lucro cesante, es decir, lo que han dejado de ganar tras la decisión del consistorio barcelonés.

Críticas de la oposición

Y la oposición ha salido en tromba a cargar las tintas contra la exalcaldesa, pero también contra el propio alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al que señalan como copartícipe de esa decisión. Es el caso del portavoz del Grupo Municipal de Vox, Gonzalo de Oro, quien asegura que Ada Colau «ha sido la peor alcaldesa de la historia». Con ella ha crecido la inseguridad en la ciudad; ha fracasado su política de vivienda, lo que ha provocado que en Barcelona se haya incrementado el alquiler en los últimos años hasta en un 70%; y a esto hay que añadir, dice, los continuos varapalos judiciales que están recibiendo las propuestas estrella de Colau. Se refiere a la zona de bajas emisiones, las supermanzanas, o ahora el caso del Hermitage. «Cuenta todas sus batallas por derrotas», precisa de Oro.

Pero el portavoz de Vox no solo lamenta que a los barceloneses «se nos haya privado de tener un gran museo», sino que, además, pueden tener que hacer frente a una factura de 141 millones de euros. Es el legado de Ada Colau, que «ya no es alcaldesa, pero nos sigue trayendo disgustos y nos sigue costando dinero a todos los contribuyentes».

Y con esta hoja de servicio, el líder de Vox en Barcelona encuentra una «burla» que a Colau se le conceda la Medalla de Oro de la ciudad. De hecho, tanto Vox como PP habían pedido que se tramitara por separado el expediente de Colau del resto de exalcaldes galardonados con este reconocimiento: Joan Clos, Jordi Hereu y Xavier Trias, para no «contaminarlos» con el legado de Ada Colau.

El presidente del grupo municipal del PP, Daniel Sirera, considera «absolutamente impresentable» que el alcalde Jaume Collboni quiera darle esa medalla, teniendo en cuenta que se perdió el Hermitage, pero también gracias «a la mala gestión y a la colaboración del actual alcalde en aquella decisión, va a provocar que, probablemente, los barceloneses tengamos que pagar 141 millones de euros como sanción».

Y es que, efectivamente, el actual alcalde de Barcelona estaba en el equipo de gobierno de Colau cuando se vetó el proyecto del museo. Sin embargo, ahora, el ejecutivo municipal actúa como si la cosa no fuera con ellos y, aunque han avanzado que recurrirán la resolución del TSJC, aprovechan para arremeter contra la forma de hacer política de la exalcaldesa.

Lo hacía Laia Bonet, la teniente de alcalde de Urbanismo, que reprochaba a Colau que «cuando uno hace política buscando la confrontación, se judicializan los temas». Considera que «desgraciadamente» ha ocurrido muchas veces esto en el anterior mandato, y se traduce «semana tras semana en sentencias que podríamos habernos ahorrado si se hubiera intentado trabajar desde una voluntad de consenso».

Y lo que reprocha a Jordi Martí Galbis, portavoz del Grupo Municipal de Junts, es precisamente que este varapalo judicial lo tienen que compartir Ada Colau y Jaume Collboni, porque todos ellos formaban parte del mismo ejecutivo y ahora, el alcalde, dice, «no puede hacer ver que no estaba». Además, el Ayuntamiento ha dejado claro que el proyecto del Hermitage está descartado, por lo que, para Martí, se muestra la política continuista del alcalde de Barcelona.

Por otro lado, la portavoz de los Comunes, Janet Sanz, defiende la decisión que tomó entonces Colau, porque el museo «no era un buen proyecto», pero también recuerda a sus ex socios que «el PSC se abstuvo en la votación, pero no votó en contra. Por tanto, en cierto modo, pese a que podían estar más o menos de acuerdo con la decisión, porque ellos eran favorables al proyecto del Hermitage, no manifestaron ninguna duda jurídica respecto a la decisión».