
Un okupa entrando en una casa de Gerona antes de que fuera desalojado
Barcelona ha empadronado fraudulentamente a 4.000 personas en edificios municipales de Horta
Vox ya advirtió hace solo unos meses que en un solo inmueble del distrito de Nou Barris había más de 5.900 personas empadronadas
El Ayuntamiento de Barcelona tiene empadronadas a 3.885 personas en varias sedes, concretamente cinco, de servicios sociales del distrito de Horta-Guinardó. Así lo ha reconocido el consistorio en respuesta al grupo municipal de Vox, que considera «escandalosa» esta cifra. Por este motivo, desde el partido exigen más control en el registro de empadronamiento para evitar posibles fraudes, con el objetivo de poder acceder a ayudas sociales.
Pero no es la cifra más alta, ni mucho menos. Vox ya advirtió hace solo unos meses que en un solo inmueble del distrito de Nou Barris había más de 5.900 personas empadronadas. «Debemos acabar con esto. El problema de la vivienda es un drama real, y aquí no hay viviendas para todos, mucho menos para okupas o inmigrantes ilegales», ha explicado el presidente del grupo municipal de Vox en Barcelona, Gonzalo de Oro.
Y es que denuncia que «se está pervirtiendo el sistema y castigando a los vecinos que sí cumplen con la legalidad». De hecho, advierte que el padrón municipal está siendo utilizado como una herramienta para acceder «de forma fraudulenta» a servicios y ayudas sociales, especialmente por parte de inmigrantes que se encuentran en situación irregular.
Por este motivo, la formación presentó en el último pleno municipal una iniciativa para impulsar un cambio normativo, con el objetivo de garantizar que el padrón cumple con la que es su función, que no es otra que la de registrar a los residentes para que se haga una planificación correcta de recursos y también de los servicios.
Sin embargo, y según dice de Oro, «En Cataluña, bajo el gobierno del separatismo y el socialismo, el padrón se ha convertido en un escudo legal para los okupas. La permisividad institucional está convirtiendo a nuestra comunidad en el epicentro del fraude empadronativo, lo que daña gravemente el acceso a servicios públicos y vulnera los derechos de los propietarios».
En el Parlament, también el portavoz del grupo parlamentario de Vox ha denunciado el «crecimiento alarmante del fraude en los empadronamientos» en Cataluña, una práctica, que según el portavoz de la formación, Joan Garriga, «está fomentada, promovida y legitimada por el Govern de la Generalitat».
Por todo ello, Vox ha puesto encima de la mesa que se reconozca la gravedad de este problema; que se deroguen las directrices de ese empadronamiento; que los ayuntamientos revisen los padrones municipales y que se reforme la ley para que se garantice el consentimiento del propietario a la hora del empadronamiento y se refleje cuando se empadrone a un inmigrante ilegal.
Por cierto, Junts va a presentar una propuesta en la convención municipalista que la celebrará este sábado en Vic (Barcelona) que apuesta por prohibir los empadronamientos a okupas y que plantea que el Govern impulse un «padrón social» a vulnerables