AMB ya ha aprobado internamente la app, pero todavía falta abrir el proceso de licitación.
Barcelona prepara un «botón del pánico» que activará las cámaras de seguridad cercanas cuando lo pulses
La herramienta geolocaliza automáticamente a usuarios en peligro y activa la red de videovigilancia del perímetro cercano
La región metropolitana de Barcelona avanza hacia la implementación de una herramienta digital de seguridad ciudadana que revolucionará la respuesta ante emergencias urbanas. Según informaciones confirmadas por la ACN y adelantadas por La Vanguardia, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha dado luz verde al desarrollo de una plataforma móvil que permitirá a los ciudadanos solicitar auxilio inmediato mediante un sistema de alerta virtual.
Funcionamiento del sistema de respuesta rápida
La innovadora herramienta operará a través de un mecanismo de geolocalización instantánea que, una vez activado por el usuario en situación de peligro, pondrá en funcionamiento de forma automática toda la red de videovigilancia disponible en las proximidades, incluyendo tanto equipos públicos como privados ubicados en el perímetro cercano al incidente.
La aplicación también incorporará funcionalidades adicionales para informar a la población sobre disrupciones cotidianas del tráfico urbano, desde congestiones viales hasta cortes de calles por eventos o concentraciones públicas.
Cronograma y aprobación institucional
Las autoridades metropolitanas han ratificado internamente la propuesta y establecen como objetivo proceder con el proceso de contratación en el corto plazo, con miras a la puesta en operación durante el ejercicio siguiente.
Base tecnológica y antecedentes
La plataforma se fundamenta en la tecnología M7 Citizen Security, creada por Einsmer, firma tecnológica establecida en Cornellà. Esta empresa ya mantiene vínculos contractuales con aproximadamente diez municipios del área metropolitana para servicios similares.
Estructura financiera y societaria
Respecto a los detalles operativos, el ente metropolitano mantiene reserva hasta la apertura del proceso licitatorio, aunque fuentes internas revelan la intención de constituir una empresa de carácter mixto donde el sector público ostentaría una participación mayoritaria del 51%, frente al 49% de capital privado.
La inversión inicial requerida para la implementación alcanza los 6,1 millones de euros, mientras que los gastos operativos proyectados hasta 2030 suman 13,9 millones adicionales.
Proyecciones de adopción y verificación
Las estimaciones preliminares apuntan a una base de usuarios registrados de aproximadamente 400.000 personas en el mediano plazo. El proceso de inscripción exigirá la declaración de identidad real y contacto telefónico verificable, aunque permanece pendiente la definición del protocolo específico para la autenticación de los datos de los solicitantes.
