Un alcalde de Junts fraccionó contratos de forma fraudulenta, según un informe de la interventora

Una auditoria interna ha destapado un entramado de irregularidades en la gestión contractual del Ayuntamiento de Matadepera durante la etapa del anterior alcalde Nil López (Junts). El informe, elaborado por la interventora Lídia Aguilar antes de su dimisión en marzo, documenta prácticas sistemáticas de fraccionamiento contractual que burlaban los controles legales establecidos.

El documento de control interno correspondiente al ejercicio 2024, fechado el 17 de marzo de 2025, expone cómo se dividían artificialmente las prestaciones para eludir los procedimientos de licitación pública. Esta estrategia permitía adjudicar servicios mediante contratos menores, evitando así los filtros de supervisión previa.

La crisis institucional se desencadenó cuando tanto la interventora como la tesorera Betlem Trell presentaron simultáneamente su renuncia tras hacer públicas estas irregularidades. Sus dimisiones marcaron el inicio de una convulsión política que continúa tensando los plenos del municipio bajo el actual gobierno de Guillem Montagut (Som-hi Matadepera, ERC y dos concejales no adscritos).

Sistema fraudulento generalizado

La auditoria de 44 páginas, a la que ha tenido acceso Món Terrassa, desvela que el fraccionamiento contractual se había convertido en una práctica habitual. El análisis revela que más de la mitad de los contratos menores examinados presentaban «incumplimientos graves» de la normativa vigente.

Entre las empresas beneficiarias de este sistema irregular destacan Empresa de Servicios Juan y Juan, que recibió más de 604.000 euros sin expediente de contratación formal, y Barcelona Sport Management, con pagamentos superiores a 158.000 euros bajo las mismas condiciones. La Fundación Instituto de Reinserción Social acumuló tres servicios por valor de 76.000 euros, mientras que otras entidades como Instalaciones Porcar, Taller de Arte y Cultura y Creación, e Imprenta Pagès recibieron adjudicaciones directas sin los procedimientos correspondientes.

La investigación identificó hasta 16 entidades que operaban mediante «procedimiento directo» para gastos superiores a 15.000 euros, umbral que requiere procesos de licitación más rigurosos. Además, detectó 38 adjudicatarios que prestaban servicios recurrentes sin contratos formalizados de continuidad.

Impacto económico significativo

El análisis cuantifica el alcance del problema: la contratación menor representaba el 36 % del total de adjudicaciones municipales, con un impacto del 19 % sobre el presupuesto. Durante 2023 se tramitaron 309 expedientes de contratos menores por valor estimado de 3.000 euros, totalizando 327.877 euros, además de 37 contratos superiores a esta cantidad.

La interventora seleccionó 35 expedientes para un examen detallado, descubriendo que apenas cinco cumplían completamente con los requisitos legales. En seis casos no existía expediente alguno, resolviéndose mediante reconocimiento extrajudicial de deuda. Trece contratos contaban con informes jurídicos desfavorables, mientras que en doce ocasiones los proveedores no habían demostrado solvencia.

El documento es contundente al señalar que el 57 % de los contratos menores revisados eran fraudulentos, encubriendo el fraccionamiento de gastos mediante informes jurídicos contrarios a la normativa.

Sobrecostos y ineficiencias

El informe subraya que esta práctica irregular generó sobrecostos significativos para las arcas municipales. Los precios pagados superaban considerablemente los valores de mercado, contrastando con las reducciones obtenidas cuando se aplicaron procedimientos de licitación transparentes.

La auditoria documenta cómo durante tres años consecutivos se utilizó sistemáticamente la omisión de la función interventora: 29 expedientes en 2023 por valor de 1.504.262 euros, 37 en 2022 que sumaron 2.188.408 euros, y 47 en 2021 por importe de 1.421.082 euros.

La interventora advierte que esta «utilización fraudulenta» no solo supuso un uso ineficiente de recursos públicos, sino que también generó ineficiencias económicas y podría haber favorecido conductas corruptas, vulnerando los principios de buena administración.

Contexto y precedentes

El informe de Matadepera coincide temporalmente con alertas similares emitidas por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña sobre irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Terrassa, sugiriendo que estas prácticas podrían estar más extendidas de lo inicialmente estimado.

La documentación revela que durante años no se elaboraron planes anuales de control financiero, una carencia que facilitó la perpetuación de estas irregularidades. La interventora reconoce que las limitaciones de medios impidieron realizar un estudio aún más exhaustivo de la situación.

Este caso representa un ejemplo paradigmático de cómo las maniobras administrativas pueden utilizarse para eludir los controles establecidos, poniendo en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión en la gestión municipal.