Fachada del edificio histórico de la Universidad de Barcelona (UB)

Fachada del edificio histórico de la Universidad de Barcelona (UB)Wikimedia

La Universidad de Barcelona prohíbe un acto con el padre Custodio Ballester: «Siempre las mismas excusas»

El colectivo Estudiants pel Canvi denuncia censura ideológica tras cuatro solicitudes denegadas en un año

El grupo estudiantil Estudiants pel Canvi (EPC) ha denunciado públicamente lo que califican como una «situación de veto y bloqueo sistemático» por parte de la Universidad de Barcelona (UB). Según han manifestado en un comunicado, la institución académica les ha rechazado hasta cuatro solicitudes de uso de aulas en el último año, impidiéndoles organizar conferencias y actividades académicas en sus propias instalaciones.

El caso más reciente que ha desencadenado la denuncia pública involucra una charla sobre el delito de odio y el análisis de jurisprudencia relacionada con casos mediáticos, incluyendo el del padre Custodio Ballester. La actividad, de carácter jurídico y académico, habría sido vetada por la universidad.

Cuatro solicitudes rechazadas

Según el comunicado del colectivo, representado en los órganos universitarios y descrito como «la tercera fuerza estudiantil con mayor apoyo», todas las peticiones han recibido la misma justificación: sus actividades «no son compatibles con los valores y principios» de la UB.

Los estudiantes cuestionan esta argumentación señalando contradicciones. «¿Acaso es compatible con esos valores paralizar la universidad con huelgas por asuntos completamente ajenos al ámbito académico?», se preguntan en su escrito. «¿Lo es permitir actos con contenidos que nada tienen que ver con los estudios de Derecho en la Facultad de Derecho?».

El grupo estudiantil no ha dudado en calificar la situación como una «ofensiva ideológica» iniciada por la institución con el objetivo, según afirman, «de silenciarnos y evitar que demos voz a los cientos de estudiantes que confiaron en nuestro proyecto».

«La doble vara de medir es tan evidente como preocupante», señalan en el comunicado, donde denuncian que mientras sus solicitudes son sistemáticamente rechazadas, otras actividades de diferente orientación política sí obtienen autorización.

Ante esta situación, EPC ha formulado una doble exigencia a la universidad: por un lado, solicitan «una respuesta inmediata por parte de los órganos competentes»; por otro, reclaman «la convocatoria urgente de una reunión con el Decanato y el Rectorado» para esclarecer la situación y, según sus palabras, «garantizar nuestros derechos como estudiantes y representantes legítimos».

El colectivo insiste en su derecho a organizar actividades académicas dentro de la institución, particularmente en temas relacionados con su área de estudios, como es el análisis jurídico de casos judiciales y legislación vigente.

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