Denuncian por «delito de odio» a un hospital catalán por atender en español a una paciente

La familia de una joven de Cardedeu ha llevado ante la justicia un episodio ocurrido en agosto en el Hospital General de Granollers, donde una doctora presuntamente se negó a atender a la paciente en catalán durante una urgencia por intoxicación química, desencadenando una denuncia por delito de odio y vulneración de derechos fundamentales.

El incidente tuvo lugar el pasado 18 de agosto de 2025, durante la fiesta mayor de Cardedeu, cuando la joven, acompañada de su padre, acudió a urgencias con síntomas derivados de una posible agresión química. Según el relato de los denunciantes, al dirigirse en catalán a la doctora que debía atenderla, esta interrumpió la comunicación afirmando: «Si no me habla en español, no la atenderé» y «no le comprendo, soy peruana», negándose explícitamente a prestar asistencia en la lengua oficial de la paciente en Cataluña.

La familia, representada legalmente por Acció Cassandra, considera que esta conducta constituye una situación humillante y vejatoria, especialmente en un momento de extrema vulnerabilidad. A raíz de lo sucedido, la familia se vio obligada a continuar la conversación en castellano para poder obtener el informe médico y proceder con la denuncia ante los Mossos d’Esquadra.

El caso ha sido presentado en el juzgado de Granollers y la acusación sostiene que la negativa a atender en catalán vulnera derechos constitucionales, encuadrándose como delito de odio y atribuible también al hospital por posible responsabilidad penal corporativa. Acció Cassandra solicita una investigación rigurosa, reclamando que se garantice la dignidad de los ciudadanos que usan el catalán en servicios públicos esenciales, en especial en contextos de emergencia sanitaria.

Este episodio, según diversos colectivos, pone de manifiesto la persistencia de casos de discriminación lingüística en la sanidad catalana, donde la mayoría de denuncias por esta causa se concentran en hospitales y centros de salud. Por su parte, la entidad especializada lamenta que otros casos semejantes hayan sido archivados en los tribunales, aunque considera la denuncia actual como crucial para abrir nuevas vías jurídicas en defensa de la libertad lingüística.

La familia afectada y los colectivos implicados apelan al deber de los profesionales sanitarios de respetar los derechos de los pacientes y al cumplimiento de las garantías constitucionales, subrayando que la protección de la lengua catalana forma parte esencial de la unidad nacional y la convivencia pacífica en el marco jurídico nacional.