Parte del recinto del instituto okupado B9, en una imagen de archivoBadalona Comunicació

Okupas

La jueza da luz verde a Albiol para desalojar el instituto okupado donde agredieron a dos periodistas

El juzgado da 15 días al Ayuntamiento de Badalona para intervenir en el antiguo instituto B9, que se ha convertido en un foco de problemas

Después de dos años y medio de okupación, el Ayuntamiento de Badalona finalmente ha conseguido la autorización judicial para desalojar el antiguo instituto B9, el mayor asentamiento informal de inmigrantes de Cataluña y que se había convertido en un foco de inseguridad para los vecinos del barrio. Hace unos días, sin ir más lejos, dos periodistas que fueron a grabar un reportaje acabaron agredidos y en el hospital.

Tras muchos meses de recibir quejas por peleas, uso de drogas o amenazas por parte de los 400 okupas –en su mayoría, de origen subsahariano– que viven en el antiguo centro educativo, el gobierno municipal ha recibido luz verde de la jueza del Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona para intervenir en el edificio, de titularidad municipal. La magistrada da al ayuntamiento un plazo de 15 días.

Según la resolución, adelantada por El País, la jueza asegura que el recinto se ha convertido en «un auténtico poblado de miseria», que la situación está «cada vez más descontrolada» y que presenta «un elevado riesgo de problemas sociales, de salud y de convivencia (que fácilmente pueden derivar en violencia y criminalidad)». El alcalde, Xavier García Albiol, tildó a los inquilinos ilegales del B9 de «gentuza» que «está haciendo la vida imposible a los vecinos».

La jueza aprueba así el acuerdo alcanzado por la Junta de Gobierno de Badalona el 3 de mayo de 2024 y desestima las alegaciones de los representantes legales de los okupas, que critican que no se les ha ofrecido una alternativa habitacional. En una rueda de prensa celebrada hace dos semanas, los okupas amenazaban a Albiol con okupar «otro espacio» si no se les ofrecía un realojamiento.

Riesgos para la salud

El escrito de la magistrada constata la existencia de riesgos de salud y seguridad graves e inminentes, y habla de «insalubridad manifiesta» y de riesgo de incendio. Por ejemplo, señala a las bombonas de butano que «improvisan» una cocina, el brote de tuberculosis declarado hace un par de meses y el apuñalamiento mortal de un joven de 20 años.

Un rincón del recinto okupado del B9, en BadalonaAjuntament de Badalona

El desalojo deberá realizarse en un plazo de 15 días hábiles y en «horario diurno». Además, se exige que el desalojo «se lleve a cabo siguiendo el protocolo de asistencia para las personas sin techo de los servicios municipales a los efectos de prestarles la atención del programa de atención social». Asimismo, en la notificación consta que «no hay presencia de niños y mujeres permanente» en el recinto.

En el B9 residen 166 personas que están recibiendo seguimiento de los servicios sociales municipales, pero desde el Ayuntamiento ya admitieron que no tienen «capacidad» para ofrecerles una alternativa «de naturaleza residencial». En declaraciones a El País, Albiol ha señalado que se puede ofrecer alguna solución «transitoria» a una treintena de personas, las más vulnerables.