El B9, el instituto okupado de Badalona y que se ha convertido en un «polvorín»

Situado en el barrio del Remei de Badalona, el antiguo Instituto B9 se alza como un símbolo de conflicto. Este edificio municipal, que alguna vez albergó aulas y sueños de estudiantes, es hoy un hervidero de tensiones, porque está okupado por unas 200 personas que el alcalde, Xavier García Albiol, dice que viven al «margen de la ley». Y es que la mayoría no tiene los papeles en regla.

Desde el verano de 2023, este lugar se ha convertido en el epicentro de un «calvario judicial» que enfrenta al Ayuntamiento con los ocupantes, en un pulso que mezcla inseguridad, burocracia y también un debate nacional sobre la ocupación ilegal de inmuebles.

La avenida Alfonso XII, donde se encuentra el B9, parece un escenario de contrastes. A pocos metros, los vecinos caminan con pasos rápidos, evitando mirar hacia el edificio de paredes desconchadas y rodeado de basura. «Esto es intransitable», dice Eugenio, un vecino de 62 años, mientras señala un montón de basura acumulada en la acera. «Peleas, drogas, amenazas… Vivimos con miedo». Su testimonio no es el único.

Los residentes de Sant Roc y El Remei describen el B9 como un «nido de delincuencia», con historias de trapicheos, prostitución y violencia que hace unos días acabó en tragedia: un joven africano fue apuñalado mortalmente dentro del edificio. «Una tragedia anunciada», ha asegurado el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, quien no ha dudado en pedir una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para exigir reformas legales.

Entrevista con Pedro Sánchez

Pero también quiere mostrarle que esas son las consecuencias de las políticas que está aplicando en esta materia: «le quiero preguntar de una forma muy clara que más tiene que pasar para que reaccione». Albiol asegura que los vecinos de Badalona, pero de ningún lugar de España «merecen ser rehenes de una política de ocupación que protege a los okupas y abandona a los vecinos, ya sean ayuntamientos o particulares». Lo que merecen, precisa, es «seguridad, respeto a la ley, derechos y protección de sus propiedades».

La historia del B9 comenzó a torcerse en el verano de 2023, cuando el edificio, abandonado tras cerrar como instituto, fue tomado por un grupo de personas, en su mayoría migrantes magrebíes y subsaharianos, muchos en situación irregular y algunos con antecedentes penales, según el Ayuntamiento. Albiol, que recuperó la alcaldía en mayo de ese año, no tardó en poner el foco en la okupación.

Apenas tres meses después, en septiembre, presentó la primera denuncia para desalojar el inmueble. Desde entonces, el proceso ha sido un vía crucis: 13 trámites administrativos y judiciales, recursos de los okupas, suspensiones cautelares y una lentitud burocrática que exaspera a las autoridades y a los vecinos. De ahí que el alcalde deje claro que «esto es un calvario judicial interminable» que impacta de pleno en el barrio, porque los okupas del B9, o la gran mayoría, precisa, no son personas vulnerables, sino delincuentes que generan inseguridad en la zona.

De ahí que insista en su postura: ese edificio debe ser desalojado y demolido para dar paso a una comisaría mixta de la Guardia Urbana y los Mossos de Esquadra, un proyecto ya contratado. Sin embargo, la legislación y algunas decisiones judiciales no lo están poniendo fácil.

En enero de 2024, una jueza denegó el desalojo por la falta de soluciones de realojo, y los abogados de los okupas, vinculados a Irídia (entidad que se presenta como un centro de defensa de los derechos humanos), presentaron apelaciones que ha retrasado su ejecución.

En junio de 2024 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona dio un paso adelante, desestimando una suspensión cautelar y priorizando el interés público sobre los derechos de los ocupantes, que carecen de título legal para permanecer en el edificio.

Y no ha sido hasta julio de este año que el consistorio no ha recibido el visto bueno para iniciar los trámites para desalojar el antiguo instituto, aunque el alcalde teme que los abogados que representan a los okupas vuelvan a eternizar el proceso con más y más recursos.

Problemas de inseguridad

Mientras se enquista la situación desde el punto judicial, la situación en el B9 no hace más que empeorar. En octubre de 2024, la Guardia Urbana detuvo a un joven ruso con más de un kilo de marihuana en el edificio. En diciembre, una pelea multitudinaria a plena luz del día, con palos y cuchillos, dejó un herido y a los vecinos al borde de la desesperación. «Es como vivir en una película de miedo», dice Soraya, una madre de familia que evita pasar por la zona.

Y el último suceso se produjo hace solo unos días, el pasado jueves, con el asesinato de un joven ocupante del edificio. Albiol ha asegurado que desde el Ayuntamiento ya llevan tiempo advirtiendo de que esto pasaría y considera que «el asesinato es una demostración de que la ley está fallando» y también el Gobierno de Sánchez y sus socios por inacción ante esa problemática.

Aunque no solo pone en el foco al ejecutivo central. Ha recordado que todos los partidos políticos, PSC, ERC, En Comú-Podem y la CUP votaron en contra para seguir adelante con el procedimiento para poder echar a los okupas. Éste era un trámite necesario para llevar a cabo ese procedimiento, según ha explicado el alcalde de Badalona, aunque gracias a la mayoría absoluta del PP se pudo seguir adelante.

El caso del B9 trasciende Badalona y pone sobre la mesa un debate nacional. García Albiol se ha erigido en una de las figuras más claras en la lucha contra la ocupación ilegal. De ahí que exija una reforma legislativa para agilizar los desalojos, y critique al Gobierno central por minimizar la okupación.

Su modelo, con una oficina antiokupación pionera en Cataluña y protocolos policiales que han reducido las okupaciones consumadas en un 14,6 % en 2024, ha sido replicado en otros municipios. Sin embargo, también ha generado críticas. Algunos sectores acusan al alcalde de xenofobia por su discurso hacia los migrantes, una etiqueta que él rechaza con vehemencia: «Mi lucha es contra la delincuencia, no contra las personas».

Mientras tanto, en las calles del barrio, la paciencia se agota. Los vecinos, hartos, aplauden la mano dura de Albiol, pero temen que el B9 siga siendo un polvorín, entre otras cosas porque el destino del edificio sigue en vilo, atrapado en un laberinto de recursos y apelaciones.