Sánchez, en desacato: se niega a explicar cuánto tiempo escondió a su hermano en el Palacio de la Moncloa

Moncloa desacata la orden por la que Presidencia del Gobierno debe explicar cuánto tiempo escondió Pedro Sánchez a su hermano procesado, asumiendo el coste de su estancia junto a su cónyuge e incluso poniendo a su disposición otros recursos públicos, entre los que figuraban, según adelantaba en este periódico Alejandro Entrambasaguas, un vehículo de Presidencia para trasladar a Kaori Matsumoto, esposa de David Sánchez, a revisiones ginecológicas durante su embarazo.

Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, se encuentra actualmente imputada por el juez Peinado, quien le atribuye la comisión dolosa de cinco delitos, entre los que figura valerse de una funcionaria pública, también investigada, para actuar como asistente de sus negocios privados mientras es retribuida con dinero público.

La gestión de Pedro Sánchez y el uso que de los recursos públicos puestos a su disposición como presidente del gobierno se encuentra siempre envuelta por la polémica, dado que se sirve de los mismos mezclando uso personal con el institucional, tal y como ha venido informando El Debate, –a pesar del obstruccionismo continuo de Sánchez– medio pionero en la defensa del derecho de acceso a la información pública que obra en manos del poder.

La excusa de Moncloa: no tiene nada que ver con el «domicilio familiar» de Sánchez

Moncloa señala que las visitas e invitados de Sánchez entran en su «domicilio familiar». Este es el argumento con el que Presidencia del Gobierno intenta dar carpetazo a uno de los asuntos familiares más controvertidos, la estancia secreta de su hermano en el interior del Palacio de la Moncloa, «domicilio familiar». Así, pretende sortear la orden expresa –ya adelantada por este periódico– de revelar todos los datos al respecto.

El asunto tiene incluso un trasfondo mayor, dado que abre la puerta a que el presidente pueda utilizar La Moncloa para invitar a una cantidad ilimitada de personas, cuyos gastos serían cargados a las arcas públicas sin que constara en ningún lugar y exento de control alguno. Una especie de barra libre porque así lo decide Pedro Sánchez, como si su sola voluntad fuera suficiente para disponer de los recursos públicos, algo a lo que la imputación de su mujer Begoña Gómez parece refrendar.

El argumento lo esgrime la directora jurídica de Moncloa, Isabel León, en su escrito de Ejecución de la Resolución 2025-1945, del pasado 28 de enero y al que ha accedido en exclusiva El Debate. Tras negarse a detallar las fechas en las que estuvo escondido David Sánchez en el Palacio de la Moncloa, respecto al resto de las cuestiones planteadas, la directora Jurídica de Presidencia del Gobierno hace una nueva pirueta legal que señala que «este órgano asiste al presidente del Gobierno y organiza la actividad oficial» de Pedro Sánchez, pero que desde el momento en que el jefe del Ejecutivo «traslada su domicilio al interior del Palacio de la Moncloa» y se atienden «las necesidades del Palacio sin interferir, y por tanto sin actuación ni información, en lo concerniente exclusivamente al ámbito personal del domicilio familiar», por lo que según el escrito de Ejecución , «este órgano no tiene un registro de visitas del domicilio familiar».

Es decir, que las visitas privadas que recibe el presidente del gobierno no serían registradas, lo que parece cuando menos extraño, teniendo en cuenta que se trata de una instalación sujeta a constantes controles de seguridad por el departamento de Seguridad Nacional y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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Moncloa recurrió a esta misma argucia legal respecto de las reuniones celebradas por Begoña Gómez en el despacho presidencial con Barrabés o cuando ejercía como directora de la Cátedra de la UCM en la sede presidencial mientras era asistida por Cristina Díaz, que actuaba como su secretaria privada, pero pagada con fondos públicos. Por tales hechos, ambas se encuentran investigadas por el Juez Peinado.

Algo similar ha ocurrido con el presidente Sánchez, cuando, estando obligado a detallar los gastos y compañía de sus 88 días de vacaciones en los palacios y mansiones del Estado, incurre en rebeldía al negarse a cumplir un mandato firme. Este asunto, como adelantó El Debate, se encuentra ya en manos del TSJM.

Ahora Moncloa asegura no haber recibido ninguna «orden o instrucción» acerca de la residencia de David Sánchez y su pareja, «ni se ha autorizado ningún gasto o solicitado el uso de medio de transporte oficial para actuaciones de personas ajenas a los convivientes».

Según las fuentes jurídicas personadas en el procedimiento, la clave para defender la atípica gestión que de los recursos públicos hace el presidente en beneficio propio e encuentra en la expresión «personas ajenas a los convivientes», que es el cajón de sastre en el que según Sánchez cabría el uso de los recursos públicos en supuestos como el de su hermano y cuñada, porque no se ha autorizado ningún gasto o solicitado el uso de medio de transporte oficial para actuaciones de «personas ajenas a los convivientes».

Según las mismas fuentes jurídicas, Moncloa recibirá en breve una nueva demanda por lo que consideran «una actuación en claro fraude de ley y que merece, además de un reproche ético, otro legal por ser contrario a la normativa aplicable», concluyen.

Presidencia ya trató de ocultar al propio Senado los detalles de la estancia de David Sánchez en Moncloa, después de que el PP registrase una batería de peticiones al respecto y que despachó con una sola frase: «El Gobierno no realiza valoraciones sobre informaciones periodísticas».

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El equipo jurídico de Sánchez también ha utilizado la misma excusa para evitar dar cuenta de cómo el presidente utiliza su posición para disfrutar de los recursos del Estado sin limitación ni control, tratando de ocultar con quién se gastó los 45.000 euros que destinó a sus vacaciones en La Mareta este mes de agosto.

En concreto, Moncloa alegó que únicamente «organiza las actividades del jefe del Ejecutivo en el ejercicio del cargo y registra la información que de ellas pudiera derivarse», tal y como ya publicó este periódico. Sin embargo, una vez que Presidencia, siguiendo con su política de opacidad, ni siquiera remitió esta respuesta al CTBG cuando se lo solicitó, el organismo independiente hizo prevalecer el derecho a la información de los ciudadanos, obligando a Sánchez a aclarar qué visitas recibió «con indicación de la razón de su permanencia en la residencia vacacional del Jefe del Ejecutivo y secretario General del PSOE».