José Maria Fernández Abril, miembro de Abogados Cristianos, en una imagen de archivo
Entrevista
El abogado del padre de Noelia: «La Generalitat la operó, logró que subiera escaleras y ahora la mata»
El letrado lamenta que se está aplicando la ley de eutanasia «como si fuese una ley de suicidio asistido»
Faltan menos de 24 horas para que la Generalitat de Cataluña aplique la eutanasia a Noelia, la joven de 25 años que quedó parapléjica en 2022 tras un intento de suicidio y que lleva 20 meses inmersa en una batalla legal contra su padre, quien lucha por preservar la vida de su hija. «El tiempo se agota», señala José María Fernández Abril, el letrado de Abogados Cristianos (AC) a cargo de la defensa del padre de Noelia.
En declaraciones a El Debate, Fernández Abril reconoce que el futuro inmediato pinta negro. Este mismo miércoles, AC ha pedido la suspensión de la eutanasia hasta que Noelia reciba tratamiento psicológico y psiquiátrico: lo ha hecho ante el juzgado de instrucción que debe dirimir la causa abierta por la presunta falsedad en documento público y prevaricación que habrían cometido el médico y el forense que elaboraron la valoración favorable a la eutanasia. A estas horas no han recibido respuesta.
«Si mañana una sentencia reconoce la falsedad en documento público, esto conllevaría la nulidad del acto, que es la eutanasia… pero si llega la nulidad cuando la muchacha ya está muerta, no vale para nada», explica Fernández Abril, cada vez más resignado al trágico desenlace de la historia, previsto para las 17h de este jueves 26 de marzo. «A medida que quemamos cartuchos, el siguiente es más improbable que el anterior», señala el letrado.
¿Eutanasia o suicidio asistido?
Para el abogado, lo mollar del caso es que evidencia que la pendiente resbaladiza que ya se advirtió que traería consigo la ley de eutanasia es real. «Estamos aplicando una ley de eutanasia como si fuese una ley de suicidio asistido», señala, lamentando que puede convertirse en «una llamada» para muchas personas con depresión o trastornos mentales, «que pueden ver en ella un mecanismo fácil para acabar con su sufrimiento».
«Esto no es lo que se perseguía con la ley de la eutanasia», insiste Fernández Abril, y añade que la propia norma señala que, para poder aplicar la eutanasia se requiere una enfermedad grave, crónica e incurable. «En el caso de Noelia no se dan los requisitos, y por eso pedimos a diestro y siniestro que se estudie objetivamente su situación, porque lo único que ha hecho la justicia es fiarse de la opinión de la chica», dice.
La joven catalana Noelia C. R., en la entrevista concedida al programa 'Y ahora Sonsoles'
Sobre la polémica entrevista emitida este jueves en el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, el letrado anima a la gente a verla. «Que vean que [Noelia] es capaz de levantarse sola, de subir escaleras… Sus dolores están perfectamente controlados con una pauta de medicamentos», explica, y sentencia: «Estamos asistiendo en vivo a la muerte de una muchacha con 25 años, con toda la vida por delante».
El abogado también cuestiona el rol de la administración pública catalana, que reactivó rápidamente el proceso para aplicar la eutanasia en cuanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desestimó paralizar la eutanasia como medida cautelar, hace unos días. «La Generalitat socorrió a una muchacha que tenía unas lesiones terribles [tras el intento de suicidio], la operó varias veces, la llevó a rehabilitación, consiguió que pudiera subir escaleras… y ahora la matará», lamenta.
Tres causas abiertas
En caso de que ocurra lo tristemente esperable, el caso Noelia no terminará en los tribunales. AC pretende llegar «hasta el final» en el procedimiento abierto en el TEDH, por el precedente que la sentencia puede sentar. También está abierto el juicio citado contra la dupla médico-forense por haber simulado un desacuerdo inexistente para elevar el asunto al pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación, alterando así el cauce legalmente previsto y blindando administrativamente la autorización.
El segundo caso abierto en España es una querella contra varios miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), como el exconsejero de Salud Josep Maria Argimon, acusándoles de presentar vínculos incompatibles con la imparcialidad, al estar relacionados con entidades activistas proeutanasia o con organismos interesados en la obtención de órganos.
