La «ONG del catalán» denuncia que hace 1.000 días que Sánchez se comprometió a hacerlo oficial en la UE

Plataforma per la Llengua, entidad que se presenta como «ONG del catalán», ha denunciado que se han cumplido ya 1.000 días desde que el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a impulsar la oficialidad del catalán en la Unión Europea sin que se haya materializado ese objetivo. La organización acusa al Ejecutivo de mantener un «bloqueo político» y de priorizar otras negociaciones en Bruselas por delante de los compromisos adquiridos con los socios nacionalistas y con el propio electorado.

Según recuerda la entidad, el Gobierno registró en septiembre de 2023 la petición formal para que el catalán, junto al euskera y el gallego, pasara a ser lengua oficial de la UE, un movimiento ligado a los pactos de investidura y a las exigencias de Junts y ERC.

Desde entonces han transcurrido unos tres años —1.000 días— sin que el Consejo de la UE haya aprobado la reforma del reglamento lingüístico que requeriría la unanimidad de los 27 Estados miembros. La organización subraya que, pese a las reiteradas promesas de La Moncloa, ni el catalán ni las demás lenguas cooficiales gozan hoy de estatus oficial en las instituciones europeas.

Bloqueo político y falta de apoyos en Europa

Plataforma per la Llengua sostiene que el estancamiento ya no se debe a obstáculos técnicos o jurídicos, sino a una «decisión política» de no dedicar el capital negociador necesario para desbloquear el expediente en Bruselas. El Gobierno español necesita la unanimidad de los socios europeos, pero una decena de países han expresado dudas o rechazo ante el riesgo de abrir la puerta a otras reivindicaciones territoriales y por el elevado coste económico de la medida. Hasta ahora, solo unos pocos Estados, como Portugal o Bélgica, se han alineado claramente con la posición española, mientras que otros socios clave, incluido Alemania, mantienen reservas.

Informes internos de la Comisión Europea han cifrado en torno a 132 millones de euros anuales el coste de convertir el catalán, el gallego y el euskera en lenguas de pleno derecho en la maquinaria comunitaria, coste que España se ha comprometido a asumir íntegramente.

Esa factura, que recaería sobre los contribuyentes españoles, incluye la contratación de traductores e intérpretes, la adaptación de bases de datos y sistemas técnicos, así como la traducción progresiva de la legislación europea. Pese a ese compromiso financiero, la organización denuncia que el Ejecutivo ha «negociado otras prioridades» en la UE, relegando a un segundo plano la cuestión lingüística que Sánchez vendió como un logro inminente.

Campaña de presión sobre Sánchez y Alemania

Ante este escenario de bloqueo, la «ONG del catalán» ha lanzado una campaña pública para visualizar los 1.000 días de retraso y presionar al Gobierno. La iniciativa anima a los ciudadanos a enviar postales digitales al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, reclamando que la oficialidad del catalán deje de ser una promesa y se convierta en realidad. La entidad pone el foco especialmente en Alemania, a cuya dirigencia se pide que facilite un acuerdo en el seno del Consejo, al tiempo que insta a Sánchez a implicarse personalmente en estas negociaciones con Berlín.

Plataforma per la Llengua presenta la oficialidad del catalán en la UE como una «reivindicación histórica» vinculada a los «derechos lingüísticos» de los catalanohablantes en el marco europeo. El debate, sin embargo, se cruza con las reticencias de varios Estados a convertir las instituciones comunitarias en escenario de agendas identitarias regionales, en un momento de fuerte sensibilidad sobre la integridad territorial y la cohesión interna de la Unión. El resultado es un expediente que, a juicio de la organización, «duerme el sueño de los justos» mientras se suceden los anuncios de La Moncloa sobre avances que nunca terminan de concretarse en una votación formal en Bruselas.