El Ayuntamiento de Barcelona aún no ha indemnizado al cocinero despedido por no pasar el examen de catalán

Cinco meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declarara improcedente el despido de Manuel Escribano, el cocinero municipal cesado por no acreditar el nivel de catalán exigido por el Ayuntamiento de Barcelona, el consistorio sigue sin abonarle la indemnización fijada por la Justicia. La situación ha llevado a Vox a elevar la presión sobre el gobierno de Jaume Collboni (PSC), al que acusa de retrasar injustificadamente el cumplimiento de una sentencia firme.

El grupo municipal ha exigido el pago inmediato de los 58.696 euros que corresponden al trabajador después de que el Ayuntamiento optara por indemnizarlo en lugar de readmitirlo en su puesto. Para Vox, el caso representa un nuevo ejemplo de las consecuencias de las políticas lingüísticas impulsadas por las administraciones catalanas.

«Primero le quitaron el trabajo por no someterse a las imposiciones lingüísticas y ahora le obligan a esperar para cobrar una indemnización reconocida por los tribunales», ha denunciado el concejal Liberto Senderos. El edil ha calificado la situación de «auténtica vergüenza institucional» y ha reclamado al ejecutivo socialista que deje de dilatar el cumplimiento de sus obligaciones.

El caso de Escribano

La polémica reabre uno de los casos más simbólicos de los últimos años sobre la aplicación de los requisitos lingüísticos en la administración catalana. Manuel Escribano, natural de Pedroche (Córdoba), trabajó durante 17 años como cocinero para el Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, en enero de 2024 fue despedido tras suspender la prueba de catalán exigida dentro del proceso de estabilización de empleo público impulsado por el consistorio.

El caso acabó llegando al TSJC, que en enero de este año corrigió el criterio de instancias anteriores y declaró improcedente el despido. La sentencia consideró que la exigencia del nivel B2 de catalán había provocado una situación de «discriminación indirecta» y cuestionó la proporcionalidad de aplicar ese requisito a un puesto que no implicaba atención directa al público.

Los magistrados obligaron entonces al Ayuntamiento a elegir entre readmitir al trabajador en las mismas condiciones que tenía antes de su cese o indemnizarlo con cerca de 59.000 euros. El gobierno de Jaume Collboni optó por la segunda opción y rechazó reincorporarlo a la plantilla municipal.

La decisión fue duramente criticada por el propio Escribano, que aseguró que el consistorio prefería «pagar con el dinero de todos los barceloneses» antes que readmitir a un empleado que había servido durante casi dos décadas bajo gobiernos de distinto signo político. «Mi caso no iba de idiomas, iba de dignidad», afirmó entonces.

Ahora, la falta de pago vuelve a colocar el asunto en la agenda política. Vox sostiene que el Ayuntamiento no solo actuó de forma injusta al despedir al trabajador, sino que además está retrasando la ejecución de una sentencia que reconoció sus derechos. El partido exige que se abone de inmediato la indemnización y denuncia que el caso evidencia cómo los criterios lingüísticos pueden acabar prevaleciendo sobre la experiencia profesional y los años de servicio prestados en la administración.