Una parada de setas en la Fira del Bolet de Llagostera, en una imagen de archivo
Denuncian que una feria de la seta en Gerona «impone el catalán» a los comerciantes
Convivencia Cívica Catalana reclama a la Fira del Bolet de Llagostera que permita a los participantes rotular su puesto y sus productos en español
La entidad constitucionalista Convivencia Cívica Catalana (CCC) denuncia que el reglamento de la Fira del Bolet («feria de la seta») de Llagostera (Gerona) «impone el catalán como lengua obligatoria para los participantes y relega el castellano a una posición de hecho subordinada». CCC ha presentado alegaciones contra dicho reglamento por ir en contra del principio de cooficialidad lingüística.
CCC es una entidad especialmente activa en la defensa del bilingüismo real y la igualdad entre español y catalán en Cataluña: estos días ha copado titulares por haber conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anulase la exigencia del nivel B2 de catalán para acceder a las plazas de chófer al servicio de los diputados de la Mesa del Parlament, una sentencia que el presidente de la cámara, Josep Rull, ya anunció que recurrirán.
En el caso de Llagostera, CCC ha presentado alegaciones centradas en el artículo 13.F del reglamento, que obliga a los participantes a «rotular la parada y los productos, como mínimo, en catalán». Para CCC, este precepto no es una medida de fomento, sino «una imposición lingüística en toda regla», ya que convierte el catalán «en requisito obligatorio para ejercer una actividad económica» y «expulsa de facto» el español del espacio público regulado, relegándolo a una posición «irrelevante».
«Esto no es política lingüística, es imposición», lamenta el presidente de CCC, Ángel Escolano, que señala que «se está utilizando un reglamento municipal para expulsar al castellano de un espacio público». «No se puede obligar a un ciudadano o a un empresario a usar una sola lengua oficial como condición para trabajar», añade.
Según CCC, la exigencia de la Fira del Bolet contradice la Ley de Política Lingüística, ya que la normativa vigente permite el etiquetado en catalán, castellano o cualquier lengua de la Unión Europea, salvo supuestos concretos. El Ayuntamiento, sin embargo, «impone el catalán de forma indiscriminada, ampliando por vía reglamentaria lo que la ley no exige», denuncian desde CCC.
La entidad advierte de forma expresa que, si el Ayuntamiento aprueba definitivamente el reglamento sin corregir este precepto, interpondrá de inmediato recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). «No vamos a tolerar que se utilicen reglamentos municipales para imponer barreras lingüísticas ilegales», ha señalado Escolano.
