La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, durante una rueda de prensa.
Comunidad Valenciana
La Audiencia investigará si la consejería de Oltra ignoró los abusos sexuales de su exmarido
La investigación se centrará en valorar si cuatro trabajadoras del Gobierno valenciano desprotegieron a la víctima y la desacreditaron para tapar los hechos
La investigación sobre los hechos ocurridos en torno a los abusos sexuales que sufrió una menor tutelada por el Gobierno valenciano por parte del exmarido de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, vuelven a tener una vía judicial abierta.
La Sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado que se reabra la investigación contra cuatro trabajadoras de la Consejería de Igualdad que supuestamente desprotegieron a la menor de 14 años, M., en un supuesto intento de ocultación de hechos.
El proceso se ha reabierto gracias a la denuncia que el pasado 18 de mayo interpuso la víctima contra las cuatro imputadas: la directora territorial de Valencia de la Consejería de Igualdad, la directora del centro de acogida, la psicóloga de la sección del menor de la dirección territorial y una funcionaria de la misma Conselleria. Se les acusa de un supuesto delito de abandono y omisión de los deberes de guardia y custodia.
En la denuncia, la víctima expone que responsables del centro de acogida, psicólogas, funcionarias y altos cargos de la Consejeria de Igualdad y Políticas Inclusivas tuvieron conocimiento «en febrero de 2017» de los abusos que el ex marido de Oltra, Luis Eduardo Ramírez Icardi, realizó y por los que actualmente ha sido condenado a 5 años de prisión. Sin embargo, indica, «durante varios meses omitieron su deber de denunciar».
«En lugar de ello, victimizaron a la niña, desacreditándola mediante argumentos 'ad hominen' y ataques personales; posteriormente en junio de 2017, cuando la niña contó a la Policía que estaba siendo abusada, intentaron que no le dieran crédito y realizaron una especie de investigación parajudicial de la que no informaron a la Fiscalía de Menores con el único propósito de desactivar la denuncia», detalla la Audiencia sobre la denuncia que dio origen a este proceso.
El recurso sostiene además que, «para ello, derivaron a la niña tutelada a un centro psicológico privado que elaboró un informe 'ad hoc'; ocultaron esa 'información reservada' durante dos años y la destaparon a los pocos días de terminar el juicio; aplicaron un protocolo de abusos que elaboró 'ex post' el propio abusador de acuerdo con la directora del centro y permitieron que durante todos esos meses abusador y víctima convivieran en el mismo centro».
Parte del recurso
La Fiscalía, por todo ello, considera que la trascendencia penal de los hechos «pasaba por la previa existencia de encubrimiento» por parte de las denunciadas.
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