Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Nuevas irregularidades en el caso de corrupción del hermano de Ximo Puig
Facturas cruzadas, no consideradas como subvencionables o duplicadas motivan al juez a citar a declarar a Francis Puig el próximo 23 de mayo
La investigación en el caso de corrupción sobre las presuntas irregularidades en ayudas concedidas a la subvención del valenciano y el catalán a empresas vinculadas al hermano del presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig ha arrojado nuevas pesquisas que estrechan todavía más el cerco sobre Francis Puig y sus socios a los que el juez ha citado a declarar en mayo.
En concreto, la Policía Judicial del juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha detectado cuatro tipo de irregularidades en la justificación de gastos de dichas ayudas entre las que destacan la existencia de facturas cruzadas, que han podido ser utilizadas para obtener subvenciones en mayor cuantía que la que correspondiera en todas las empresas analizadas y que supondrían un delito continuado de falsedad en documento mercantil; otras facturas de las que se cuestiona si pueden ser consideradas como gasto subvencionable según las bases reguladoras y que supondrían un delito de fraude de subvenciones o ser constitutiva de infracción administrativa con obligación de reintegro; y facturas duplicadas y de suministro de energía u otros que no se corresponde con el domicilio social, que integrarían en el primer concepto salvo que también sean ficticias.
Así se refleja en un auto con fecha del 31 de marzo en el que el juez ordena una citación para declarar en calidad de investigado a Francis Puig el próximo 23 de mayo y dos días después, el 25 de mayo, cita a Juan Enrique Adell Bovell como investigado por la gestión de Canal Maestrat. Ambos deberán comparecer a las 9.30 horas.
La comunicación de dichas citaciones coincide con un comunicado que la empresa de Francis Puig, Comunicacions dels Ports, emitió el martes insistiendo en su inocencia. La productora asegura en la nota que no ha cometido ningún ilícito penal y ha asegurado que las «dudas» de la Guardia Civil sobre un número «muy limitado» de facturas aportadas para justificar las subvenciones concedidas «serán resueltas» ante el juez. Así mismo, la empresa ha querido advertir en su escrito que, a su parecer, el informe de la Policía Judicial «confunde» y se defiende alegando que las facturas emitidas siempre se han efectuado «respetándose en todo momento el límite previsto en el artículo 19.3 de la Ley General de Subvenciones».
Por su parte, y ante la citación judicial que pesa sobre su hermano, el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, se mostró ayer tranquilo y sereno. Considera que esta citación se da como un paso normal ante una investigación en curso porque «es una cuestión que tiene que ver con la normalidad de las instituciones», apuntó. «Todas las empresas y las personas en la Comunitat Valenciana son tratadas con la misma vara de medir. Si alguien hace algo que no es correcto y la Justicia así lo determina, ha de tener su responsabilidad», indicó en defensa de la gestión judicial valenciana.
Pero desde el Partido Popular valenciano han pedido este jueves a Puig que el Consell tome cartas en el asunto. «Puig debería de instar a la abogacía de la Generalitat Valenciana a personarse en el caso de su hermano para recuperar el dinero público defraudado” alegando que «si no tiene nada que esconder, hágalo». La diputada popular María José Catalá ha aprovechado para recordar que «la semana pasada un juez pidió la imputación de la señora Mónica Oltra por existir indicios racionales, serios y fundados de tapar un caso de abuso sexual a una niña tutelada perpetrado por su marido. No lo dice la derecha, lo dice un juez y esta semana el juez y el fiscal anticorrupción ponen en el disparadero a su hermano». Finalmente, Catalá ha reflexionado dirigiéndose a Puig: “¿Cuál es línea roja?, ¿para usted es decente que un gobierno que se dice de feminista todavía no haya pedido perdón a una menor tutelada víctima de abusos sexuales a la que su gobierno dejó abandonada?, ¿para usted es ético que la empresa de su hermano haya estafado presuntamente a tres gobiernos autonómicos, entre ellos el suyo?».
La investigación en curso
El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia investiga la posible adjudicación fraudulenta de subvenciones de la Generalitat Valenciana, de la Generalitat Catalana y del Gobierno de Aragón a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B y Kriol Produccions entre los años 2015 y 2018.
Según el Partido Popular, desde la llegada del llamado Gobierno del Botánico se han repartido «600.000 euros» en subvenciones a estas empresas.
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