El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, conversa con Manolo Mata, uno de los señalados en la trama 'Azud'.
Comunidad Valenciana Las sospechas se centran sobre Puig: de 'Azud' a su hermano, pasando por el descontrol en los contratos
El presidente valenciano afronta un 2023 en que, más allá de las elecciones, el horizonte judicial de su partido y familia puede marcar su futuro político
El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, esperaba tener un fin de año cuanto menos plácido tras aprobar los Presupuestos de la Generalitat que, en teoría, le garantizaban estabilidad. Pero ese término no cotiza en política.
Si en estos últimos doce meses el jefe del Ejecutivo valenciano ha tenido que lidiar con infinidad de batallas en el seno de su tripartito de izquierdas, lo que le espera en 2023 ni mucho menos va a ser más suave.
Para empezar, le esperan unas elecciones autonómicas en las que los pronósticos no confían mucho en él y se basan en un empate técnico que pudiera derivar en un vuelco hacia el bloque de centro-derecha. Cisma para Puig y bofetada para Pedro Sánchez.
En la campaña electoral, además de debatir y rebatir sobre asuntos como impuestos, financiación autonómica o el agua, Puig va a tener que hacer frente a algo mucho más grave tanto para él como para sus aspiraciones a la hora de revalidar la presidencia del Generalitat.
Se trata de la acusación según la cual su partido, el PSPV-PSOE, se habría financiado ilegalmente durante diversas campañas electorales y, a mayor abundamiento, fuera de ellas.
«El sabía cómo y cuándo cobrar»
Estas aseveraciones no provienen de la oposición, sino del que fuera su exgerente durante años, Francisco Martínez Rico. Según su propia declaración como testigo ante la Guardia Civil, el extesorero de los socialistas valencianos, José María Cataluña, se encargaba de la 'caja B'.
«Él era quien decía cómo, cuándo y de qué forma cobrar», relató el exgerente socialista a la Benemérita. A su vez, también señaló que el peso de Cataluña era tal como para tener «capacidad de contratar en periodo electoral y fuera de él».
Entre las mordidas investigadas en el caso 'Azud' por presunta financiación ilegal del PSPV-PSOE, se investiga una que, según las investigaciones, hubo llegado tras la adjudicación de uno de los tramos, el E, del trasvase Júcar-Vinalopó.
Esta fue adjudicada por la empresa estatal Acuamed, dependiente del ministerio de Medio Ambiente, a cuyo cargo estaba la actual presidenta nacional del Partido Socialista, Cristina Narbona.
También se investigan los fondos recibidos para las campañas de 2007 y 2008. En la primera, Carmen Alborch -ya fallecida- habría financiado parte de su candidatura con dinero opaco.
Lo mismo habría ocurrido un año después, en 2008, con las elecciones generales y María Teresa Fernández de la Vega como número uno por Valencia. Ambas, al menos en parte según la Guardia Civil, habrían sido sufragadas por constructoras.
María Teresa Fernández de la Vega (izquierda), junto a Carmen Alborch, en un mitin del PSPV-PSOE en Valencia
Puig, por tanto, tiene que hacer frente al lema y motivo por los que su formación alcanzó el poder en 2015. Si hace más de siete años el actual presidente autonómico se presentaba ante los valencianos como la limpieza política en persona, hoy despeja a córner cuando le preguntan los periodistas por la presunta financiación ilegal de su partido.
No es el primer caso en que lo hace. Las explicaciones de Puig en sede parlamentaria en relación a los escándalos que su Gobierno protagoniza son tan escasas por su parte como deseadas y reclamadas por la oposición.
Balones fuera y sin explicaciones
Otro caso en el que el silencio del jefe del Ejecutivo regional es perpetuo hace referencia al caso, también judicializado, que afecta a su hermano, Francis Puig.
Investigado junto a su socio por el posible cobro de comisiones ilegales por parte de diferentes administraciones, –entre ellas la valenciana de su hermano- el presidente Puig siempre se ha escudado en los ya más que manidos reproches a una supuesta ultraderecha que quiere acabar con él y su tripartito.
Bien es cierto que el jefe del Gabinete regional aún no ha adoptado la fórmula reciente de «fachas con toga» –Mónica Oltra se puede autocatalogar como una visionaria de ello-, pero la realidad es que sigue sin dar explicaciones sobre el por qué y el fin de las subvenciones a Francis.
En este sentido, como de costumbre, se ha negado a que se constituya una comisión de investigación en las Cortes Valencianas.
Por aquello de que no hay dos sin tres, Puig también tiene que soportar los reproches que, de una manera más que rotunda, le hace la Sindicatura de Comptes, es decir, el Tribunal de Cuentas en la Comunidad Valenciana.
Dicho organismo ha alertado de que el tripartito formado por PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem sigue abusando del uso de la «caja fija» y le reprocha que en ciertas consejerías sus responsables no se someten a los procedimientos fijados por la Ley.
La que más llama la atención es Sanidad, cuya cartera abona casi un tercio de sus contratos –el 28 %- mediante esta fórmula administrativa
De manera específica, el órgano fiscalizador pone la lupa sobre un montante de 38,5 millones de euros que se llevaron a cabo sin control.
Cabe recordar que el sobrecoste a la hora de comprar material durante la pandemia causada por la covid siempre ha perseguido al tripartito de Puig. De hecho, la propia Sindicatura de Comptes y la Agencia Valencia Antifraude detectaron hace pocos meses un sobrecoste a tal efecto de dos millones de euros.
Eso sí, al igual que con los casos de presunta corrupción que cercan a su partido, Puig en todo momento se ha dedicado a echar balones fuera y criticar al oponente político.
Cuando es un propio socialista el que acusa a su partido de financiarse de manera ilegal, Puig se escuda en que todo eso sucedió hace «muchos años».
En cambio, si se trata de rendir cuentas de su gestión, actúa de modo distinto. Todo lo malo recae en la oposición, formada claro está por la derecha y la ultraderecha, mientras no dice palabra alguna sobre los organismos que redactan dichos informes.
Con todo ello, a Ximo Puig le queda un fin de año lleno de tensiones y malos ratos, pero nadie le asegura que 2023 le vaya a traer algo mejor.